Agentes de la Guardia Civil están registrando la sede de la fundación de Convergència, Catdem, y cuatro ayuntamientos catalanes por mandato del juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), que instruye un caso de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona).
Según han informado fuentes cercanas al caso, además de la sede de Catdem, en la calle Casp de Barcelona, la Guardia Civil está recogiendo información en los consistorios de Lloret de Mar y Figueres (Girona) y Sant Celoni y Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en todos ellos por delitos contra la administración pública.
Los registros, llevados a cabo junto a la Fiscalía Anticorrupción y que incluyen también el domicilio del tesorero del partido, Daniel Osacar, se engloban en la denominada operación Petrum 2 y, según estas mismas fuentes, no se prevén detenciones.
A raíz de la documentación intervenida tras las detenciones de la familia Sumarroca, la Guardia Civil halló indicios de supuestos pagos de estos ayuntamientos investigados a la fundación Catdem del 3 % del valor de las adjudicaciones.
De confirmarse estos hechos, la Fiscalía vería corroboradas las sospechas incluidas en la pieza separada número 3 del caso Torredembarra sobre los nexos entre el alcalde del municipio Daniel Masagué y la financiación irregular de CDC.
La Audiencia de Tarragona acordó el pasado 11 de agosto dejar en libertad con cargos, con una fianza de 600.000 euros, al exconsejero delegado de la constructora Teyco Jordi Sumarroca, que permanecía encarcelado desde el 24 de julio, tras su detención en una operación contra la corrupción y el blanqueo.
Sumarroca abandonó la cárcel tras depositar la fianza de 600.000 euros que le impuso la Audiencia de Tarragona.
El titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) ordenó el pasado 24 de julio el ingreso en prisión sin fianza para Jordi Sumarroca, acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la administración pública, en el marco de una operación en la que se investiga el pago de supuestas comisiones de casi 1,4 millones de euros a empresas del exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué (CiU), también imputado.
La Audiencia atendía así el recurso que le planteó la defensa de Sumarroca, que consideró «desproporcionada» la orden de prisión sin fianza, alegando que no había riesgo de destrucción de pruebas porque había sido investigado de forma exhaustiva durante más de un año, había entregado al juzgado toda la documentación que le habían solicitado y habían registrado su casa y sus oficinas.
Jordi Sumarroca fue detenido el pasado 23 de julio junto a su tío Joaquim y a su prima Sussanna, también vinculados a Teyco, en una operación contra la corrupción y el blanqueo, en la que se investigan las supuestas comisiones a empresas del exalcalde de Torredembarra Daniel Massagué.
El juez de instrucción dejó al día siguiente en libertad con cargos a Joaquim y Susanna Sumarroca, aunque como medida cautelar les retiró los pasaportes.
Además, el juez también dejó en libertad con cargos a Daniel Massagué -e incluso denegó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que le impusiera una fianza de 15.000 euros para eludir el ingreso en prisión- y a un asesor fiscal de Calella de Palafrugell (Girona), Marià J.P., que también fue arrestado.
La investigación se inició a raíz de la adjudicación a Teyco del aparcamiento de Filadors en Torredembarra, licitado en 2009, cuando esta localidad tarraconense estaba gobernada por Massagué, entonces en CDC, aunque se dio de baja del partido a raíz de su imputación por el caso Efial.
Las pesquisas se centran en saber el origen de los 1,4 millones de euros que supuestamente cobró Massagué de la familia Sumarroca y que se formalizaron a través de siete sociedades distintas hacia dos empresas del exalcalde, Maes Panaderos y la inmobiliaria Daloi.
Teyco defendió tras las detenciones la legalidad de sus contratos con Massagué, al sostener que no suponían ni un intercambio de favores ni comisiones.
Jordi Sumarroca está imputado desde junio de 2014 por su presunta relación con el caso Efial de supuesta corrupción en el Ayuntamiento de Torredembarra, por el que ya fueron detenidos el 26 de junio del pasado año el entonces alcalde Daniel Massagué y seis concejales.
La familia Sumarroca, copropietaria de uno de los principales grupos constructores de Cataluña adjudicatarios de obra pública, ha estado históricamente vinculada a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, con la que han compartido negocios, amistad y afinidades políticas desde la creación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).