Un total de 7.140 personas fueron detenidas en España en la pasada legislatura (2012-2015) por 3.255 delitos de corrupción conocidos, en una lucha «firme, contundente y prioritaria» para el Gobierno, según ha recalcado este jueves el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz.
Con el «caso Malaya» marcando el punto de inflexión en las actuaciones contra estos delitos -al menos 40 pueden enmarcarse en la palabra genérica de corrupción-, las actuaciones de las fuerzas de seguridad han ido aumentado y de los 398 detenidos por la Policía Nacional, la Guardia Civil y los cuerpos autonómicos en 2010, se ha pasado a los 2.442 el pasado año.
Fernández Díaz, que ha insistido en la neutralidad e independencia de los agentes que persiguen estos delitos, que no atienden a color político del investigado, ha subrayado el incremento lineal en los últimos años en el número de detenidos, sólo roto en 2014 cuando la cifra se disparó a 2.743 arrestados.
Si en España existe un problema de corrupción, lo que «nadie puede poner en duda», ha subrayado Fernández Díaz, es que «no hay un problema de desigualdad ante la ley» de los investigados.
Y ha sido tajante al afirmar que en la décima legislatura se ha luchado «más que nunca» contra la corrupción, «con lo que tenga de bueno y de malo».
Según los datos de Interior, coordinados por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), en 2010 se conocieron 366 hechos delictivos de este tipo frente a los 1.108 del año pasado.
De las operaciones abiertas en la legislatura, en términos absolutos son los delitos contra la Seguridad Social los más numerosos, con 530 (un 16,3 %), por delante del cohecho, con 407 (12,5 %); la prevaricación administrativa, con 320 (un 9,8 %); la malversación, con 266 (8,2 %) y contra la Hacienda Pública, con 263 (8,1 %).
Por falsedad en subvenciones se detectaron 174 casos (un 5,3 % del total), seguida de los delitos societarios, con 151 (4,6 %); y la prevaricación urbanística, con 77 (2,4 %). Los otros 844 casos corresponden a otras tipologías delictivas.
También se ha referido el ministro al fraude detectado por las fuerzas de seguridad en sus operaciones, pero sólo a las de 2015, y ha indicado se investigaron 6.488 empresas, de las que 2.057 fueron propuestas para infracción, se detectaron 847 empresas ficticias y se constató un fraude de 79,5 millones de euros.
Fernández Díaz ha calificado de «reprochables» estas prácticas, especialmente en momentos de crisis, cuando además para muchas personas en paro su medio de vida son las prestaciones.
Además, el ministro ha hecho balance del crimen organizado en esos cuatro años de legislatura y ha cifrado en más de 69.000 el número de personas investigadas y en más de 25.000 las detenidas.
Pero se ha centrado en 2015, cuando las fuerzas de seguridad desarticularon totalmente 274 grupos organizados, lo que supone el 62 por ciento de los 445 activos, y detuvieron a casi 6.000 personas de las 18.463 investigadas.
Un 35 por ciento, es decir, 158 grupos, han sido objeto de actuaciones parciales y solo en un 3 por ciento (13) aún no ha habido ninguna intervención policial.
Ocho de cada diez grupos investigados tiene una vida inferior a tres años y el 68 % está integrado por personas de más de una nacionalidad y solo el 19 % estaba formado exclusivamente por españoles.
Para considerarlo crimen organizado, el grupo tiene que estar formado por más de tres personas, prolongar en el tiempo su actividad delictiva, cometer delitos graves y buscar beneficio o poder. A estos cuatro requisitos se deben sumar otros dos de los siete adicionales que propone Europol, como por ejemplo el uso de la violencia o el reparto de tareas.
Nuestro país España es aún más exigente, según el ministro, y añade las características de sofisticación de métodos, aislamiento y el uso de expertos.
Aunque los grupos diversifican muchas veces su actividad, sigue siendo el tráfico de drogas la principal, con 128 organizaciones detectadas dedicadas a la cocaína, 95 al hachís, 23 a drogas sintéticas y 18 a heroína.
Un total de 69 grupos se dedicaban a los robos con fuerza, 48 a las estafas, 34 al robo con violencia e intimidación, 25 a la explotación sexual y 21 al blanqueo de capitales.
El pasado se incautaron a estas organizaciones 17,5 toneladas de cocaína (el 80 por ciento de la que se incauta en España es al crimen organizado y este decomiso supone el 43 % de toda la UE y el 5 % del mundo), 190,8 toneladas de hachís (representa el 70% de Europa y el 23% del mundo), 173 kilos de heroína y otros 145 de speed.
Las incautaciones de cocaína y hachís aumentaron un 8 por ciento respecto a 2014 y las de heroína más del 20 por ciento.
El ministro ha definido a España como el «muro de contención» de la entrada de droga a la Unión Europea y a nuestro propio país,como demuestra que el 62 por ciento de la cocaína se apresa en alta mar.
Fernández Díaz ha subrayado que desde la creación del Citco, en 2014, se han detectado más de 250 «coincidencias» entre el tráfico de drogas y el blanqueo con el terrorismo yihadista.
A juicio del ministro, la eficacia policial se demuestra también con estas incautaciones al crimen organizado el pasado año: 1.657 vehículos, 153 embarcacioens, 10 aeronaves, 309 armas de fuego, 433 armas blancas, 899 ordenadores, 3.930 teléfonos móviles, 169 inmuebles y 26,5 millones de euros en efectivo.