Las pensiones subirán en 2017 por cuarto año consecutivo el mínimo establecido por la ley, que es del 0,25 %, según consta en el proyecto presupuestario remitido por el Gobierno en funciones a Bruselas.
De acuerdo con el texto, el gasto total en pensiones crecerá el año que viene un 3 %, teniendo en cuenta que el número de beneficiarios de pensiones contributivas de la Seguridad Social aumentaba un 1,2 % en septiembre en relación a un año antes.
Respecto a la remuneración de los empleados públicos, el documento dice que el gasto total disminuirá del 11 % del PIB en 2016 al 10,6 % del PIB en 2017, lo que puede deberse a que el impacto en las cuentas de este año de la devolución de parte de la paga extra de 2012 ya no se notará el año que viene.
Nada dice el documento de si en esa cifra se ha tenido en cuenta una eventual subida de los salarios del sector público.
Desde que la reforma de 2013 desligó la subida de las pensiones de la evolución del IPC, estas prestaciones solo se han revalorizado durante los siguientes años el mínimo establecido por la ley, lo que se ha justificado en la situación de déficit del sistema de la Seguridad Social, a pesar de que la economía ha vuelto a crecer desde 2014.
Según el plan presupuestario, la Seguridad Social cerrará este año con un déficit del 1,7 % del PIB, frente al 1,1 % anteriormente previsto, mientras que en 2017 bajará al 1,4 % del PIB, entre otras razones, porque el Gobierno en funciones espera que los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales crezcan el 2,5 % por la recuperación del mercado de trabajo.
Esta circunstancia permitirá también que disminuya la partida destinada al pago de las prestaciones por desempleo, que pasará de 18.800 millones de euros en 2016 a 16.600 millones en 2017.
También se rebajará el gasto asociado a los intereses de la deuda pública de 30.900 a 30.700 millones, gracias a la reducción del endeudamiento y a los bajos tipos de interés. El gasto en inversiones se mantendrá estable este año y el que viene en el 2,1 % del PIB.
Con todo ello, los ingresos del conjunto de las administraciones públicas disminuirán en una décima de PIB, algo más de 1.000 millones, al pasar del 37,8 % al 37,7 % del PIB, mientras que los gastos se reducirán del 42,4 % al 41,3 % del PIB.
La diferencia entre ingresos y gastos es lo que da un déficit del 3,6 % del PIB en 2017, en línea con los cálculos que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, había adelantado esta semana y medio punto por encima del objetivo comprometido con Europa en el 31 % del PIB, lo que obligará a hacer un ajuste presupuestario de más de 5.000 millones el año que viene.
El objetivo de déficit público de 2016, fijado en el 4,6 % del PIB, se cumplirá gracias a los ahorros e ingresos adicionales que generarán las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo en funciones este año.
Para las administraciones territoriales se espera un déficit del 0,3 % del PIB en 2016, de lo que se puede deducir que si las comunidades autónomas cumplen con el 0,7 % previsto, las entidades locales tendrán un superávit del 0,4 %.
La administración central y la Seguridad Social acabarán este ejercicio con los mayores desequilibrios presupuestarios, del 2,6 y el 1,7 % del PIB, respectivamente.
Para 2017, en ausencia de ajustes fiscales, la administración central incurrirá en un déficit del 2,1 %, que para la Seguridad será del 1,4 % y para las administraciones territoriales (autonomías y entidades locales), del 0,1 %.