Los ocho diputados del PSOE que rompieron la disciplina de voto en la votación de investidura de Mariano Rajoy presentarán este lunes al mediodía sus alegaciones para evitar que el grupo parlamentario socialista les imponga sanciones, que podrían quedarse en una multa de hasta 600 euros a cada uno.
Los otros siete diputados del PSC que también se saltaron la disciplina de voto y rechazaron la investidura de Rajoy han presentado ya sus propias alegaciones, en las que subrayan que decidieron no abstenerse para cumplir el mandato del Consell Nacional de su partido, federado al PSOE, pero con funcionamiento autónomo.
La pretensión de los ocho diputados del PSOE -Susana Sumelzo, Margarita Robles, Zaida Cantera, Odon Elorza, Rocío de Frutos, Luz Martínez Seijo, Pere Joan Pons y Sofía Hernanz- es presentar un mismo escrito con su postura contraria a que se le imponga un castigo, según han informado fuentes de este grupo.
Advierten además de que, si la dirección del grupo acomete una «purga» para apartarles de los cargos y las portavocías que tienen, contribuirá a ahondar aún más la división que sufre el partido.
A expensas de concretar ese castigo, creen que ir más allá de una multa económica sería una «irresponsabilidad» y un «ensañamiento» por parte de la dirección, según han alertado a EFE fuentes de este sector.
Y es que, una vez superado el debate de investidura, la gestora y la dirección del grupo socialista tienen en mente hacer algunos ajustes en el organigrama, lo que podría suponer cambios tanto en el comité director como entre los portavoces.
«No sabemos que cambios prevén, pero esperamos que no encubran una 'purga sanchista'. Ya han causado mucho daño y mucha división. Deberían mantener al grupo al margen de movimientos sectarios», sostiene a EFE una de las diputadas que rompió la disciplina de voto.
Se da por hecho que Antonio Hernando seguirá como portavoz después de abandonar la tesis del no es no, que predicó junto a Pedro Sánchez, y de pasar a defender la abstención.
Entre los diputados que votaron en contra, algunos son portavoces de comisiones, como los catalanes Manuel Cruz (Educación) y Mercé Perez (Pacto de Toledo) y otras adjuntas, como Rocío de Frutos (Empleo) y la independiente Zaida Cantera (Defensa).
También está la duda de qué harán con diputadas afines a Sánchez, pero que se abstuvieron por «imperativo», como es el caso de María González Veracruz, una de las portavoces de Economía, y Adriana Lastra, de Administraciones Públicas.
Los parlamentarios que están del lado de la gestora ven suficiente la multa económica, aunque algunos son partidarios también de que haya ajustes en las portavocías para que algunos de los díscolos dejen de tener responsabilidades.
Después de que se presenten las alegaciones, el responsable de disciplina, Luis Carlos Sahuquillo, elevará su informe a la dirección del grupo parlamentario.
El Comité Director trasladará a su vez su dictamen al Comité Permanente, donde están también los portavoces de las comisiones, que decidirá en última instancia las posibles sanciones y si remite el expediente a la gestora del PSOE para que pueda tomar sus propias medidas disciplinarias.