El Gobierno ha aprobado este viernes un decreto ley para adelantar 7.969 plazas de la oferta pública de empleo para 2017 que rondará las 67.000 plazas, en los ámbitos de la educación, las fuerzas armadas, la policía y la guardia civil, ha anunciado el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha detallado que este decreto ley incluye la convocatoria de 6.005 plazas de acceso libre, 1.673 de promoción interna y 291 de otro tipo.
De estas plazas, el Estado va a convocar 42 plazas en educación (de Ceuta y Melilla), si bien la norma autoriza a las comunidades autónomas a convocar sus plazas de docentes que, según los cálculos de Hacienda, alcanzarán las 10.000 en el ámbito educativo no universitario y a 1.500 para profesores universitarios.
En este sentido, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha resaltado que al menos las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Madrid y Baleares han anunciado su próxima convocatoria de estas plazas.
Además de en la docencia, el Estado va a convocar 1.990 plazas para las fuerzas armadas (766 de acceso libre, 933 de promoción interna y 291 de otro tipo); 3.591 para policías (3.331 de acceso libre y 260 de promoción interna); y 2.346 para guardia civil (1.866 de acceso libre y 480 de promoción interna).
Estas plazas se completarán con las de la policía autonómica de Cataluña, Navarra y País Vasco, región para la que se habilitará también la dotación de las plazas necesarias para la Ertzaintza.
«Queremos llegar al inicio del curso escolar», ha dicho Montoro, que también ha mostrado el despropósito que sería que «las academias de militares no puedan operar por la ausencia de nuevas plazas».
Este decreto contempla que los citados sectores han sido considerado prioritarios, de forma que su tasa de reposición se incrementa al 100 %, así como una subida salarial para los empleados públicos del 1 % para 2017.
Montoro ha asegurado el Gobierno busca una «una mejora del empleo público», con el objetivo de que en los próximos tres años se reduzca la interinidad del 20 % al 8 %, lo que permitirá la cobertura de 250.000 plazas que hoy están ocupadas por interinos, principalmente en la educación y sanidad.
Esto se desprende de una acuerdo alcanzado esta semana entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, que incorpora un proceso de estabilización del empleo temporal un 90 % en tres años.
La oferta de empleo público busca reforzar las plantillas en los sectores prioritarios, con una tasa de reposición del 100 %, y añade tres nuevos ámbitos a los ya establecidos: atención al ciudadano en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte y seguridad y emergencias.
Para el resto de sectores, la tasa de reposición será del 50 %.