La asesora jurídica del Centro Municipal de Maracena, Francisca Granados, ha anunciado este miércoles que Juana Rivas, la madre de esta localidad granadina que permanece ilocalizable desde que hace tres semanas no entregara a los hijos a su padre, condenado en el año 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), para pedir protección a estos dos menores de once y tres años.
En rueda de prensa, la asesora jurídica de Juana Rivas ha señalado que, tras este «mazazo» que «ha recibido la sociedad española», confía en que, previamente, la Fiscalía adscrita al Tribunal Constitucional para los asuntos de la vía civil presente el recurso de súplica que puede interponer en los próximos tres días hábiles contra la no admisión de amparo solicitado por Rivas, anunciada este miércoles por el Alto Tribunal.
De lo contrario, el Constitucional archivará la cuestión y se habrán cerrado las posibilidades que el equipo jurídico que asiste a Rivas tiene para tratar de «proteger» el «interés superior de los menores» en el ámbito nacional. Se abrirá, en este sentido, la vía europea.
Francisca Granados ha resaltado su respeto a las instituciones, si bien el papel del Ministerio Fiscal, que tiene como «función básica» defender el «interés superior» de los menores, «ha brillado por su ausencia». «La esperanza en el buen funcionamiento» del sistema y el Estado de Derecho «no se va a perder hasta el último aliento», pero «una cosa es la legalidad y otra cosa es la justicia», y si tuviera que «elegir», lo haría por la justicia, ha señalado Granados.
Se ha referido a la Declaración Universal de los Derechos de los Menores, y se ha preguntado «dónde está» en el pronunciamiento del Constitucional la normativa que protege «el interés superior de los menores estará por encima de cualquier criterio, procedimiento o proceso».
En este sentido, la letrada de Juana Rivas en Granada, María Castillo, ha señalado que su «única causa de preocupación» son estos niños que «llevan unos días de fuera de su hábitat», su protección, y «restituirlos de la mejor manera posible al mismo».
Ha criticado el «cuestionamiento» que se ha hecho de «la violencia que habían vivido desde el minuto uno» estos menores, y ha lamentado el posicionamiento «descafeinado» de la Fiscalía en el proceso, y las «ideas peregrinas» que en algunos momentos se han podido lanzar, en su opinión, desde la representación legal del padre de los niños, Francesco Arcuri, residente en Italia.
María Castillo, en este sentido, ha informado a Rivas de las consecuencias de sus actos desde el plano «objetivo, legal e imparcial», y no se la ha «inducido a ningún tipo de comportamiento». Ha subrayado las «contradicciones jurídicas e incongruencias legales» que han existido a lo largo del proceso, ha explicado María Castillo.