La CUP y JxSí ya habrían acordado que, si el Estado aplica el artículo 155 de la Constitución y, posteriormente, convoca unas elecciones autonómicas en Cataluña, harán un boicot a dichos comicios y no reconocerán su legitimidad ni el Parlament que salga escogido.
Según fuentes de la CUP consultadas por Efe, que confía que mañana el presidente de la Generalitat haga una declaración de independencia, ambas formaciones independentistas están de acuerdo en no participar en ningunas otras elecciones autonómicas y, en consecuencia, en cualquier convocatoria que no sea impulsada por el presidente catalán.
Las fuentes han apuntado que el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña es una ley orgánica del Estado que ya no puede ser suspendida y que, en su articulado, se especifica muy claramente cómo y quién puede convocar unas elecciones al Parlamento catalán.
Si a pesar de esto, han explicado las mismas fuentes de la CUP, el Estado decidiera convocar unas elecciones autonómicas en Cataluña «vulnerando y pisoteando lo que dice el Estatut», las formaciones independentistas no participarán en ellas, y han recordado que actualmente disponen de mayoría absoluta en el Parlament.
El «boicot» a unas hipotéticas elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno central se extendería al Parlament que resultara elegido, «muy probablemente con una bajísima participación de los catalanes», han apuntado las fuentes, y esto provocaría que en la práctica desde el independentismo se defienda «la vigencia de la institución del actual Parlament».
En el caso de que el Estado decidiera «ocupar» el edificio que alberga el Parlament, los partidos independentistas tratarán de acceder al mismo y, si no es posible, entonces optarían por «reunir el Parlament en otro lugar, y en último extremo, convocar la 'asamblea de electos' de Cataluña».
De esta 'asamblea de electos' formaría parte todos los diputados, senadores, alcaldes y concejales de Cataluña que hayan decidido adherirse a la misma.
En este hipotético escenario podría producirse la situación de que en Cataluña estuvieran funcionando simultáneamente dos asambleas de cargos electos con dos posibles gobiernos, «lo que obligaría a la comunidad internacional a buscar una mediación para resolver el conflicto», han apuntado las mismas fuentes de la CUP.
Por lo que respecta al pleno del Parlament convocado para mañana, fuentes de la CUP se han mostrado convencidas de que «no habrá marcha atrás en la voluntad de aprobar la declaración de independencia», y que ésta será de «aplicación inmediata y no diferida», tal y como prevén las dos 'leyes de desconexión'.
Esto no significa, han puntualizado las mismas fuentes, que al día siguiente la «república catalana» ya esté construida, sino que «se iniciará un período de transición regido por la ley de transitoriedad, y el comienzo del proceso constituyente», han señalado desde la CUP.
A la CUP no le preocupa mucho que la respuesta del Estado sea la aplicación del artículo 155 de la Constitución y sea suspendida la autonomía catalana porque, según han apuntado fuentes de la formación anticapitalista, «nosotros ya no nos moveremos en la lógica autonómica y estaremos impulsando las instituciones de la nueva república».