La Fiscalía de Bruselas ordenará a la policía detener al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y sus exconsejeros regionales antes de designar a un juez de instrucción que les tome declaración para decidir sobre sus euroórdenes, informan fuentes del Ministerio Público.
«Desde el momento que sean privados de libertad, podrán comparecer ante un juez», explicó la Fiscalía, que precisó que está en contacto con los abogados de Puigdemont y de los cuatro exmiembros del exgobierno autonómico desplazados a Bélgica: Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).
Si bien deben ser detenidos, esto no significa que vayan a ser esposados «si no presentan resistencia ni riesgo de fuga», aunque sí estarán, en cualquier caso, «rodeados de policías», agregaron las fuentes de la Fiscalía de Bruselas, que se ocupa de los casos que hasta hoy trataba la Fiscalía federal de Bélgica.
Si el cesado expresidente autonómico y sus exconsejeros se encuentran en la misma región, lo más probable es que se designe a un mismo juez de instrucción, y no así si son detenidos en distintos puntos de Bélgica, agregaron las fuentes.
Una vez «los interesados sean encontrados y llevados ante el juez, éste tendrá 24 horas para tomar una decisión» sobre las citadas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE), según explicó este sábado la Fiscalía federal en un comunicado.
Las autoridades españolas reclama a los cinco políticos catalanes, quienes se cree están en Bélgica desde el pasado lunes, por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.
Una vez estén detenidos, el juez de instrucción deberá decidir si acepta o no la euroorden y, de hacerlo, mantendrá a los acusados en prisión preventiva o bien les dejará en libertad bajo «ciertas condiciones».
Si el juez de instrucción emite la orden de detención, el caso «se somete a la sala del Tribunal de Primera Instancia, que debe decidir dentro de los 15 días posteriores a la emisión de la euroorden» si ésta se puede ejecutar.
«Si alguna de las partes implicadas no está de acuerdo con la decisión de la sala, puede recurrir ante el Tribunal de Apelación», que dispondrá de 15 días para tomar una decisión, agregó el Ministerio Fiscal.
El procedimiento de entrega a España, donde los citados políticos catalanes está reclamados por la Audiencia Nacional, puede teóricamente demorarse un total de 60 días, y otros 30 días adicionales en casos excepcionales.
La Fiscalía informará sobre la situación del expresidente y los exconsejeros regionales hacia las 14.00 hora local (13.00 GMT)