Los familiares de varias personas que fueron enterradas en el Valle de los Caídos han denunciado al prior de esa abadía, Santiago Cantera, porque, según alegan, se ha negado a realizar los trabajos de exhumación de los restos mortales de sus parientes.
Eduardo Ranz, el abogado que ha presentado las denuncias ante un juzgado señala en un comunicado que Santiago Cantera ha cometido «un delito de atentado contra la autoridad, de desobediencia y resistencia» al oponerse a permitir la exhumación de estos cuerpos.
Según el abogado, Patrimonio Nacional ha «reconocido» el derecho a exhumar de las familias y ha «resuelto» que se trata de «una sepultura de cementerio público, y no religioso». Con estos argumentos, solicita en las doce denuncias que se condene al responsable de la abadía benedictiniana del Valle de los Caídos a «realizar trabajos de exhumación a plena fosa».
Asimismo, Ranz pide al prior que se «disculpe cristianamente y civilmente con las víctimas del franquismo» y que se entreviste con familias víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Además, reclama que «sea condenado a estar presente en una entrega de restos mortales a las familias represaliadas».
El abogado explica que una resolución de Patrimonio Nacional establece que a los osarios existentes en el conjunto monumental del Valle de los Caídos les corresponde la calificación jurídica de «cementerio público y no la de cementerio de la Iglesia sin que, por tanto, tenga la condición de lugar sagrado ni les alcance por ello la garantía de inviolabilidad» del acuerdo entre el Estado y la Santa Sede.
También apunta que otra resolución de Patrimonio Nacional emitida el pasado año 2017 «reconoce el derecho de esta parte a la exhumación de los resto mortales de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña Altabás. Las denuncias, que ya han sido registradas, aún no han sido admitidas a trámite.