El Gobierno se ha congratulado de la decisión adoptada por el presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar la investidura de Carles Puigdemont, y la interpreta como muestra del «respeto a la legalidad» y una «consecuencia obligada de la actuación del Estado de derecho».
Torrent ha anunciado este martes que el pleno previsto para las tres de la tarde en el Parlament de Cataluña se aplaza hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sus alegaciones contra la decisión de vetar una investidura a distancia de Puigdemont.
Tras conocer el aplazamiento, fuentes del Ejecutivo han hecho hincapié en que «el respeto a la legalidad y el aplazamiento del pleno» en el cual «se iba a investir de manera fraudulenta» al candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, «es la consecuencia obligada de la actuación del Estado de derecho, tanto por la acción del Gobierno como de los tribunales».
Minutos antes de que Torrent anunciara su decisión, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una entrevista en TVE, advertía de las responsabilidades en las que incurriría en caso de que siguiera adelante con el pleno de investidura.