El candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este jueves que renuncia «de forma provisional» a ser investido para el cargo y que propondrá a su número dos, Jordi Sànchez, como candidato.
En un mensaje institucional, ha explicado que ha contactado con el presidente del Parlament, Roger Torrent, para informarle al respecto y pedirle que lo antes posible abra una ronda de contactos con los diferentes grupos para investir al que será el presidente «de un Govern autonómico».
Para Puigdemont, Sànchez representa como nadie los valores de JxCat, es un hombre de paz y está injustamente encarcelado, y ha argumentado que con su decisión quiere facilitar que las instituciones catalanas sigan gobernadas por el independentismo y no por «el autoritarismo del 155».
«No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas», ha asegurado Puigdemont, que espera poder volver pronto a Cataluña como un hombre libre.
También ha argumentado que, con su decisión, el Gobierno no podrá seguir ocupando, en su opinión, las instituciones catalanas, y aunque admite que ello no garantiza la restauración total de la autonomía catalana, cree que dará «libertad para emprender la siguiente fase del camino hacia la independencia y del desarrollo de la República catalana desde espacios más libres y democráticos».
Así, ha ratificado su voluntad de mantener «la legitimidad de la República» y trabajar para hacerla posible, y ha anunciado que en los próximos días convocará a miembros del Parlament a una reunión solemne en Bélgica para impulsar esta nueva etapa.
Precisamente, el acuerdo de investidura entre JxCat y ERC contempla crear el lunes en Bélgica tres órganos para internacionalizar la República y difundir un proceso constituyente: una Asamblea de Representantes de la República, una Presidencia del Consell de la República y un Consell per la República, según un documento interno de la CUP.
También ha anunciado que, en su nombre, ha encargado a un equipo de abogados internacionales la presentación de una demanda contra España ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Civiles y Políticos.