El Ministerio de Hacienda y Función Pública y los principales sindicatos del área pública (CSIF, CC.OO. y UGT) han alcanzado un acuerdo que contempla un incremento retributivo para los empleados públicos de entre el 6,1% y hasta el 8,79% (en el mejor de los escenarios) durante el trienio 2018-2020, así como diversas mejoras laborales, según han informado a Europa Press en fuentes sindicales.
Concretamente, el acuerdo recoge una subida salarial fija del 1,75% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB. Esta parte variable podría aportar, si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno, un alza adicional de hasta el 0,25% en 2019 y de hasta el 1% en 2020.
El pacto alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos contempla también una dotación adicional de 800 millones de euros en masa salarial para avanzar en la equiparación entre administraciones. En la práctica, estos fondos podrían suponer un alza salarial adicional a la acordada de entre el 0,20% y el 0,30%.
De esta forma, Hacienda calcula que la subida salarial, sumando todos los conceptos anteriores, alcanzaría en estos tres años el 6,9% en un escenario de mínimos (1,95% en 2018, 2,50% en 2019 y 2,30% en 2020). Dado que el acuerdo también contempla un alza adicional del 0,55% en 2020 en caso de que se cumplan los objetivos de déficit público de dicho ejercicio, la subida salarial acumulada en el trienio alcanzaría el 8,79% en el mejor de los escenarios.
El acuerdo se firmará esta tarde, sobre las 16.30 horas, en la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública, han indicado fuentes de UGT. Por parte del Gobierno, será el ministro Cristóbal Montoro quien suscriba el acuerdo.
El acuerdo también conllevará creación de empleo neto, estableciéndose tasas de reposición superiores al 100% en casi todos los sectores y servicios prioritarios. Esto significa que a la plantilla de estos sectores se incorporará más personal del que se jubile. En la reunión del pasado lunes ya se acordó que la tasa de reposición se sitúe por encima del 100% en el caso de la policía local.
Así, el acuerdo supone reforzar el suscrito en marzo del año pasado, con lo que se universalizará el proceso de estabilización y permitirá rebajar la temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas al 8% en el periodo 2018-2020, así como la creación de nuevo empleo público.
Mejoras en jornada para conciliar
De igual forma, el acuerdo contempla varias mejoras en materia de jornada laboral para favorecer la conciliación laboral. El colectivo de 2,5 millones de empleados de las administraciones podrá disponer de una bolsa de horas de libre disposición acumulables para favorecer la conciliación familiar y laboral.
En detalle, el acuerdo contempla que las administraciones públicas regulen una bolsa de horas, equivalentes a once días anuales, que serán recuperables en el periodo de tiempo que se determine. Los empleados públicos también tendrán la posibilidad de acogerse a un plan concreto de jornada continua para el cuidado de hijos menores de 12 años o con discapacidad.
Otro de los puntos principales del acuerdo es que se podrá recuperar la jornada de 35 horas semanales (18 horas lectivas en la Educación) en aquellas administraciones que cumplan los objetivos de estabilidad fijados por Hacienda.
La jornada de 35 horas se prohibió de manera expresa en 2012, a través del decreto sobre la Función Pública y ha sido objeto de recursos por parte del Estado contra comunidades autónomas que las autorizaron, como Andalucía o Castilla-La Mancha.
Una vez que se formalice el acuerdo entre Gobierno y sindicatos, cada administración pública podrá establecer a través de la negociación colectiva esta jornada, eso sí, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria.
Además, el acuerdo incluye la eliminación de descuentos en los salarios por incapacidad temporal (IT), es decir, por baja médica.
Reacciones sindicales
Desde CSIF han destacado que este paquete de medidas supone «un punto y aparte» sobre uno de los periodos más duros que han vivido los empleados públicos, a quienes se les bajó el sueldo en 2010 y se les deterioraron las condiciones laborales con el decreto de recortes de 2012.
Por su parte, el coordinador del Área Pública de CC.OO., Pepe Fernández, cree que el acuerdo alcanzado entre las organizaciones sindicales y el Ministerio de Hacienda es «un buen acuerdo». «CC.OO. seguirá el desarrollo del acuerdo impulsando la recuperación total de los derechos arrebatados a los funcionarios con la excusa de la crisis», según el representante de CC.OO.
Para Fernández, el acuerdo, que subirá los sueldos de los empleados públicos desde el 6,1% al 8,79% en tres años, abre «un clima nuevo» entre las administraciones públicas y el sector público.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Empleados Públicos de UGT (FeSP-UHT), Julio Lacuerda, ha recordado que durante los años de la crisis los funcionarios perdieron un 13,1% de poder adquisitivo.
«Este acuerdo que firmamos representa el comienzo de la recuperación salarial y de la reparación de derechos; es el punto de partida del reconocimiento de nuestro esfuerzo personal y nuestro compromiso colectivo con los servicios públicos como garantes de derechos de ciudadanía», ha destacado.