El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, Rafael Soriano, ha decretado este jueves prisión provisional, comunicada y sin fianza para Ana Julia Quezada, la mujer de origen dominicano y de 43 años acusada de acabar con la vida de Gabriel Cruz, el niño de ocho años al que se le perdió la pista el pasado 27 de febrero después de que saliera de la casa de su abuela paterna en Las Hortichuelas de Níjar para dirigirse a jugar a casa de unos familiares ubicada a otro extremo de un camino de unos 100 metros.
Fuentes del TSJA han concretado que a la detenida, que declaró por primera vez este miércoles durante cerca de hora y media antes de que el magistrado prorrogara su detención por otras 24 horas para la práctica de una diligencia de prueba de carácter secreto, se le imputa la presunta comisión de delitos de asesinato, de detención ilegal y contra la integridad moral, los dos primeros conforme ha solicitado la Fiscalía de Almería.
La detenida se ratificó durante su primera comparecencia ante el juez en la declaración ofrecida ante la Guardia Civil, en la que señaló que hubo una discusión y un forcejeo por un hacha previamente a que asfixiara al menor para acabar con su vida y ocultar su cadáver en la finca de Rodalquilar a la que trasladó al pequeño. Esta versión que ha sido parcialmente desmontada por los investigadores en su relato oficial de los hechos, en el que han calificado de «manipuladora» a la detenida.
A su llegada a la Ciudad de la Justicia para asistir en su defensa a Ana Julia Quezada, el abogado Esteban Hernández Thiel ha trasladado su confianza en que en el centro penitenciario provincial de El Acebuche, al que ha sido trasladada, «velarán perfectamente» por su «seguridad, como hacen con cualquier interno» y ha destacado la «profesionalidad» de los funcionarios.
Hernández Thiel, quien ha acudido pasadas las 12,00 horas acompañada de su socia en el bufete, la letrada Beatriz Gámez, ha señalado, asimismo, que «un poquito más de mesura mediática sería deseable», sobre todo, según ha remarcado, porque hay una familia «que se está viendo afectada». Posteriormente, ha asistido a la segunda declaración judicial de su defendida, que ha arrancado a las 13,05 horas y se ha extendido durante 45 minutos.
"Riesgo de fuga" y vejación de la familia de Gabriel
El juzgado ha señalado que la causa en la que se investiga la muerte del menor «continúa bajo secreto de sumario», de forma que la medida cautelar de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, interesada por la Fiscalía en la vistilla del artículo 505 al apreciar asesinato con alevosía y detención ilegal, obedece a la «gravedad del delito, la posibilidad de eliminación de pruebas y el riesgo de fuga» de la sospechosa.
El magistrado habría incluido, asimismo, entre los delitos cuya presunta comisión se le atribuyen inicialmente el de contra la integridad moral en relación también a su comportamiento con respecto a los padres de Gabriel, Ángel y Patricia, durante los 12 días en los que el niño estuvo en paradero desconocido.
Cabe recordar que este delito castiga en su apartado segundo la violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente.
A su salida de la Ciudad de la Justicia, el letrado defensor ha señalado que Ana Julia Quezada ha continuado su declaración en base a las preguntas planteadas por el instructor y la Fiscalía, de modo que la prórroga de su detención tenía como fin proseguir con el interrogatorio bajo aspectos «que ya había en el procedimiento», con lo que «ha mantenido» la versión dada ante la Guardia Civil.
Interpelado sobre si la citada prórroga podría tener relación con unas intervenciones telefónicas incorporadas a las actuaciones, ha declinado entrar en el detalle apelando al secreto de sumario aunque ha matizado que no «va mal encaminado» y ha precisado que el interrogatorio al que se ha sometido este jueves a su patrocinada estaba destinado «en esencia a aclarar algunas cosas de su declaración». RELEVANCIA DEL HACHA
En su versión original ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Ana Julia Quezada apuntó que ella y el niño discutieron y que de ahí pasaron a un forcejeo en el que el niño cogió un hacha con el que se habría terminado dando un golpe en la cabeza, antes de asfixiarle, según su versión.
No obstante, fuentes de la investigación ha señalado a Europa Press que, según sus averiguaciones, el papel del hacha en el escenario del crimen no tendría la relevancia que le atribuye la acusada, al tiempo que el relato oficial de los hechos ha obviado este extremo.
El abogado, quien ha afirmado que la sospechosa está «muy afectada» por la «dura» situación, no ha entrado a valorar la versión ofrecida este miércoles por la Guardia Civil y ha indicado que, de dilatarse «mucho» el secreto sumarial, se interpondrían los «recursos correspondientes» por parte de la defensa al tiempo que ha manifestado su «respeto» a la labor que está realizado el magistrado instructor, Rafael Soriano.
«No estamos ni en la prehistoria ni en la edad media»
Hernández Thiel ha pedido la «cooperación y colaboración» de los medios de comunicación a la hora de formar a la opinión pública ante «algunas reacciones» ciudadanas que se han visto estos dos últimos días ante la Ciudad de la Justicia, donde se han congregado centenares de personas reclamando «justicia» al grito de «asesina».
«Estamos en 2018 y no en la Prehistoria ni en la Edad Media, y las sociedades modernas se han dotado de un procedimiento penal para un juicio justo en el que se determine la culpabilidad o no y el grado de culpabilidad de la persona que está acusada», ha añadido el letrado, quien ha recordado la «obligación legal» que le ocupa asistir a Ana Julia Quezada en el procedimiento que se sigue en su contra y que no debe