El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado este viernes por los delitos de rebelión al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; al exvicepresidente Oriol Junqueras; al candidato Jordi Turull; a la expresidenta de Parlament Carme Forcadell; a la número 2 de ERC, Marta Rovira, y a otros seis exconsellers, además de al exresponsable de la ANC Jordi Sánchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
No son procesados por ningún delito el expresidente de la Generalitat Artur Mas; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras.
En el auto de procesamiento, el juez procesa además a los otros cinco miembros del Govern cuando sucedieron los hechos: Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia.
A Puigdemont, Junqueras y los siete consellers procesados por delito de rebelión también les procesa por malversación, sin perjuicio de que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal.
Reclutamiento
Llarena atribuye al candidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Turull no solo la gestión de la publicidad sino también la coordinación de la infraestructura informática para el 1-O y el reclutamiento de miles de voluntarios para que se llevara a cabo.
El juez deja constancia en el auto que Turull, como consejero de Presidencia y portavoz del Govern en los últimos meses previos al 1-O y a la declaración de independencia, formó parte de un grupo de personas cuya contribución consistió en garantizar la realización de la votación
Recuerda el juez que el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) dependía de él y en su seno se crearon páginas web, aplicaciones, plataformas y programas informáticos utilizados para el referéndum ilegal del 1-O.
Llarena sostiene que Turull, además de la movilización impulsada desde sus funciones de portavoz del Gobierno, gestionó y diseñó la inserción publicitaria del referéndum, además de coordinar las infraestructuras informáticas puestas al servicio del mismo.
Y lo hizo «tanto en lo relativo a divulgar la forma de votación, como en el reclutamiento de miles de voluntarios que asumieran la constitución de las mesas o la elaboración del registro de catalanes en el exterior».
Desobediencia
Llarena no ha atribuido un delito de rebelión, sino otros de desobediencia y/o malversación, a 12 de los 25 procesados por el «procés» para la independencia de Cataluña, entre ellos tres de los siete fugados: Anna Gabriel (CUP), Lluís Puig (PDeCat) y Meritxel Serret (ERC).
En concreto, el magistrado del Supremo cree que Gabriel y la también responsable de la CUP Mireia Boya solo incurrieron en un delito de desobendiencia al no atender a las decisiones del Constitucional. Este delito no comporta penas de prisión, pero sí de inhabilitación.
A los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet también les atribuye solo un delito de desobediencia, por la «tenaz y perseverante desatención del requerimiento» del Constitucional para que «impidieran o paralizaran cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias».
En otros cinco procesados ve indicios de que cometieron delitos de desobediencia y de malversación: los exconsejeros Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxell Serret, porque desatendieron también al Constitucional y autorizaron las contrataciones necesarias para el 1-O.