El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha entregado este martes a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en un 'pendrive' USB el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que incluye subidas de pensiones mínimas y de viudedad, incremento salarial para los funcionarios y bajadas en el IRPF y el IVA del cine y que, si ven la luz, serán las séptimas cuentas de un Gobierno de Mariano Rajoy y su segundas en minoría parlamentaria.
Acompañado por su secretarios de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal; de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya; y de Función Pública, Elena Collado, el ministro ha salido poco después de las 9.15 horas al Patio de Floridablanca, y después se ha encaminado al Palacio de la Carrera de San Jerónimo para entregar el proyecto de ley a la presidenta de la Cámara Baja en el Salón de Pasos Perdidos.
Allí le esperaba la Mesa del Congreso y los portavoces de la Comisión de Presupuestos, encabezados por su presidente, el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre. A falta de la aprobación de un calendario definitivo, estas comparecencias se celebrarían, según las estimaciones que maneja la Comisión de Presupuestos, entre el 16 y 19 de abril.
25 de abril: primer debate
El viernes de esa misma semana, el día 20 de abril, es la fecha tope que se maneja para presentar enmiendas a la totalidad, con las que la oposición pide devolver el proyecto al Gobierno. Ese debate se calcula que se producirá la semana siguiente, en torno al 25 de abril, ya en el Pleno del Congreso.
Tras el debate se votarán conjuntamente las enmiendas de totalidad, ya que todas ellas piden lo mismo: la devolución del proyecto al Gobierno. De esa votación dependerá el futuro de los Presupuestos de 2018, pues ahí se decidirá si las cuentas siguen su tramitación o si son tumbados por la oposición.
Para entonces, el Gobierno necesita contar con los apoyos necesarios que permitan asegurar la tramitación del proyecto y sumar, como ya hiciera el año pasado, 175 escaños que garantizarían al menos el empate, lo que posibilitaría derribar las enmiendas de la oposición.
Menos de un mes para convencer al PNV
Además de sus socios electorales UPN y Foro, y sus aliados de investidura Ciudadanos y Coalición Canaria, el PP necesita contar con los cinco diputados del PNV. La formación 'jeltzale' sostiene que, mientras se encuentre en vigor la intervención política del Gobierno en Cataluña, en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no se dan las condiciones para apoyar, y ni siquiera negociar, los Presupuestos Generales.
Con el visto bueno del PNV, el Gobierno ya contaría con apoyos suficientes para superar ese primer escollo parlamentario y poder controlar su tramitación tanto en fase de ponencia como en la Comisión de Presupuestos, donde no está toda la oposición.
Pero cuando el proyecto vuelva al Pleno del Congreso para someter a votación las cuentas sección por sección (las cuentas de cada ministerio), al Gobierno tampoco le bastará con sumar al PNV: En ese trámite definitivo, ya en la tercera o cuarta semana de mayo, al Ejecutivo no le sirve el empate, sino que se precisa recabar más votos a favor que en contra, y sólo con perder una sección, las cuentas de un ministerio determinado, todo el proyecto presupuestario se desplomaría.
Para entonces, el Gobierno confía con tener atado el apoyo de Nueva Canarias, socio electoral del PSOE, con el que logró aprobar los Presupuestos de 2017, así como los acuerdos del techo de gasto para 2018 el pasado mes de junio. De esta forma, conseguiría reeditar la alianza de hasta siete formaciones políticas distintas para sacar adelante los segundos Presupuestos de un Gobierno en minoría de Mariano Rajoy.
Si los Presupuestos concluyen con éxito su tramitación en el Congreso, empezarán a debatirse ya en junio en el Senado, donde seguirán el mismo procedimiento si bien en la Cámara Alta el PP se garantiza la aprobación al contar con mayoría absoluta.