La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha vuelto a rechazar dejar en libertad al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell. en tanto la instrucción de la causa en la que se le investiga por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal está «casi finalizada» y persiste el riesgo de fuga por sus influencias para conseguir un refugio en países que blindan la extradición como Tailandia o Dubai.
La juez que instruye el caso 'Rimet' responde así a la petición formulada por Rosell y su presunto testaferro en Andorra Juan Besolí, a quien también le deniega la libertad, y les dice que, aunque tiene en cuenta que ambos llevan más de 300 días en prisión, es «relevante» el avanzado estado de la investigación para garantizar que no existe riesgo de fuga ni destrucción de pruebas de cara a un enjuiciamiento cercano.
Para la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 se trata de una causa de «cierta complejidad» a la que hay que añadir dificultades surgidas durante la investigación como la necesidad de practicar diligencias en el extranjero y de examinar «la compleja y abundante» documentación que obra en el sumario. Se refiere la instructora a la investigación que arrancó hace once meses sobre las actividades de Rosell, acusado del cobro de comisiones ilícitas de los derechos de la selección brasileña de fútbol y de integrar una organización criminal internacional con la que habría blanqueado casi 15 millones de euros.
Al respecto, insiste en que éste actuó «de forma meditada y perfectamente preparada mediante la creación de un entramado de sociedades a fin de hacer desaparecer el rastro de las cuantiosas sumas de dinero ilícitamente obtenidas», por lo que se trata de una dinámica que no surgió de modo «circunstancial» sino que se desarrolló de un modo organizado durante un dilatado periodo de tiempo.
INFORME DEL SENADO BRASILEÑO
La juez responde uno a uno los argumentos esgrimidos por la defensa del expresidente del club azulgrana en el recurso y le precisa que, de las actuaciones practicadas hasta el momento, no se puede determinar que no haya existido comisión de blanqueo de capitales ni que sea falso el informe elaborado por la Comisión del Senado en Brasil sobre el funcionamiento de la FIFA y de la Confederación Brasileña de Fúbtol (CBF) aportado a la causa por el exjugador del Barça y senador brasileño, Romario de Souza Faria.
En su recurso, la defensa de Rosell desacredita el contenido de dicho informe asegurando que la CBF tiene naturaleza privada y que ésta no sufrió perjuicio alguno como consecuencia de la intermediación de Rosell en el contrato firmado entre ésta y la mercantil árabe con sede en las Islas Caimán, Internacional Sports Events (ISE), a la que los acusados habrían desviado presuntamente los fondos derivados del blanqueo de capitales.
Sobre este punto, la juez matiza que «en modo alguno» se ha afirmado con rotundidad que la CBF tenga carácter público sino que, en todo caso, tiene un «evidente interés público» como consecuencia del destino de sus fondos a incentivar y promocionar el fútbol en Brasil. Además, ello tampoco quiere decir que la Confederación no sufrió perjuicio ya que su beneficio se vio mermado como consecuencia de la actividad desplegada por Rosell y su presunto testaferro puesto que dejó de percibir determinadas cantidades en detrimento del patrimonio de los acusados.
BUSCABAN EVITAR SU EXTRADICIÓN
En relación a la conversación telefónica mantenida en abril del pasado año entre Rosell y el presidente de la federación brasileña de fútbol Ricardo Teixeira sobre qué países del mundo serían más seguros para evadir la justicia española, Lamela insiste en que lo que pone de manifiesto es su facilidad para obtener favores en países fuera de la Unión Europea y de Estados Unidos que permita su entrada o de otros con la garantía de que no van a ser detenidos y entregados ante una solicitud de extradición.
Insiste la juez en que aunque Rosell tiene nacionalidad española, dos hijas y propiedades en el país, la investigación ha puesto de manifiesto su facilidad para viajar y vivir temporalmente en distintos lugares del mundo poseyendo además una gran fortuna «y lo que es más importante: cuentas, bienes y negocios fuera de España». Tampoco descarta el riesgo de reiteración delictiva ya que los acusados han operado dentro de un grupo organizado de personas que están siendo investigadas en otros países.