La juez que investiga la operación Erial ha decretado este jueves prisión incondicional sin fianza para el expresident de la Generalitat con el Partido Popular Eduardo Zaplana, según informan fuentes jurídicas.
Zaplana ha pasado este jueves a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia tras ser detenido el martes junto a seis personas más por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales.
El expresidente valenciano y exministro ha sido trasladado a primera hora de esta tarde ante la jueza una vez que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil terminó los registros en sus domicilios y en su oficina.
La jueza del caso Erial ha decretado libertad con medidas cautelares para los empresarios Vicente y José Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino.
Por el caso Erial también fueron detenidos el martes el ex jefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat, Juan Francisco García, el ex alto cargo de la Agencia Valenciana de Turismo y exdirectivo del parque temático Terra Mítica Joaquín Barceló y su mujer, Felisa López, y el asesor fiscal Francisco Grau, que hoy comparecen ante la jueza.
La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por el citado Juzgado de Valencia y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones «sospechosas» del Gobierno valenciano en la época del Partido Popular con Zaplana a la cabeza (1995-2002) por las que un grupo de empresarios podría haber pagado en torno a diez millones de euros.
Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico, por las que los investigadores creen que los empresarios habrían pagado mordidas, pero son cautelosos a la hora de atribuir a Zaplana el cobro de esas comisiones.
La operación se ha desencadenado a partir de la repatriación de parte de ese dinero, que presuntamente estaba oculto en paraísos fiscales, de manera que la conexión de esas cantidades con actividades presuntamente delictivas cometidas en la etapa de gobierno de Zaplana abre la posibilidad de levantar la prescripción de esos delitos.
Las indagaciones comenzaron cuando se halló en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado «yonqui del dinero», un documento clave que ha permitido desentrañar la presunta trama de cobro de comisiones que ha llevado a la detención de Zaplana.