El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha defendido en el juicio del «procés» que las denominadas leyes de desconexión del Estado, aprobadas el 6 y 7 de septiembre de 2017, perseguían que los ciudadanos de Cataluña pudiesen votar, y ha asegurado: «Tengan presente que volveremos a votar».
Torrent, en esos momentos portavoz adjunto de Junts Pel Sí, ha declarado como testigo en el juicio del «procés» a petición de Vox, ante cuyas preguntas ha defendido la labor de la Mesa del Parlament cuando era presidida por Carme Forcadell, acusada de rebelión.
El actual presidente del Parlament, que se ha mostrado «convencido de que el conflicto político entre Cataluña y el Estado» se resuelve únicamente «mediante un referéndum» y ha admitido que él acudió a votar el 1 de octubre de 2017.
A su juicio, las leyes aprobadas en el turbulento pleno del 6 y 7 de septiembre, y después suspendidas por el Tribunal Constitucional, «emanaban de la voluntad mayoritaria de diputados de la Cámara» y tenían como «finalidad» que «los ciudadanos de Cataluña, tal y como piden masivamente, puedan decidir libremente su futuro».
Un planteamiento «que no ha cambiado y no va a cambiar»: «Por mucho que se juzgue aquí a estos hombres y mujeres demócratas no vamos a cambiar».
«No vamos a renunciar nunca a la voluntad mayoritaria de decidir nuestro futuro», ha zanjado.
Vox
Torrent ha denunciado en el Supremo que once de los doce acusados en el juicio a la cúpula del «procés» son o han sido diputados, lo que supone una «grave distorsión» para la cámara, y ha mostrado su preocupación porque Vox les acuse desde la extrema derecha.
Torrent, que este lunes comparece como testigo en el Tribunal Supremo, ha apuntado, antes de someterse a las preguntas de las partes, que para él supone una «grave distorsión» del normal funcionamiento de la cámara que once de los doce acusados sean o hayan sido diputados y que varios de ellos se encuentren en prisión preventiva.
Además, ha mostrado su preocupación por el hecho de que los políticos y activistas independentistas se sienten en el banquillo de los acusados y que la extrema derecha, en referencia a Vox, ejerza de acusación popular.