La presidenta de Balears, Francina Armegol, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, han defendido este viernes la necesidad de plantear a la Unión Europea (UE) las consecuencias para las empresas y los consumidores del archipiélago el incremento del transporte marítimo en 2020.
Esta subida se debe al uso por parte de las navieras de combustible menos contaminante, lo que repercutirá en los costes para las empresas y los consumidores de las islas.
Con ocasión la firma de un convenio en Palma entre ambos ejecutivos, las dos responsables públicas han sido preguntadas por la advertencia de la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) de una subida de precios para los consumidores de las islas por el incremento de entre un 10 % y un 20 % de los fletes de los barcos.
Armengol se ha referido a la reunión del próximo lunes en la capital balear de la Mesa de Transporte Marítimo para abordar este problema que afecta a Balears, pero que es un «reto que habrá que asumir a nivel internacional», conjuntamente con el Gobierno español.
La presidenta ha recordado lo que se ha «luchado» por la aprobación del Régimen Especial de Balears (REB) y el coste adicional que supone vivir en una comunidad configurada por islas.
La mandataria balear ha pedido «mantener la calma» para analizar la situación ante este cambio en el uso de combustibles menos contaminantes y encontrar una solución compartida por los gobiernos balear y español.
Por su parte, la ministra ha explicitado el «máximo compromiso» del Gobierno en funciones con «estas islas» y se ha referido a las posibles soluciones para «minimizar el impacto» del aumento del transporte marítimo.
El objetivo es «evitar» que ese incremento «acabe repercutiendo en el más débil, que es siempre el consumidor», al que hay que «proteger», ha insistido Maroto. «Por lo tanto, abramos los espacios de debate y traslademos en los ámbitos donde trabaja el Gobierno de España, en este caso la Comisión Europea, nuestras preocupaciones y mecanismos» para hacer frente a esta nueva situación.
La ministra ha añadido que, si fuera necesario, el Gobierno, solicitaría ayudas adicionales a la Comisión Europea para compensar el aumento del precio de los combustibles.