Alberto Garzón, coordinador federal de IU, ha asumido este lunes la cartera de Consumo del Gobierno de Pedro Sánchez, hasta ahora integrada en el Ministerio de Sanidad, con el reto de emprender la regulación del sector del juego, un negocio que mueve cifras millonarias y suscita numerosas críticas por su potencial adictivo.
Así, este nuevo departamento prevé incluir las competencias sobre el juego y la regulación de las casas de apuestas que hasta ahora ostentaba el Ministerio de Hacienda y tendrá la oportunidad de hacer frente a lo que muchos consideran un «problema social» que ha llevado a numerosas familias a la ruina.
Así lo ha demandado, por ejemplo, el presidente de la Red de Atención de Adicciones (UNAD), Luciano Poyato, que ha pedido al Ejecutivo contundencia y una regulación del sector del juego -que en 2018 movió 32.383 millones de euros- para combatir la ludopatía, «la droga del siglo XXI».
«Este Gobierno va a actuar con decisión en un ámbito que genera preocupación creciente, y es el de la prevención de adicciones. Vamos a regular la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea y a introducir medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos de azar», dijo Pedro Sánchez en su discurso de investidura el pasado 4 de enero.
El presidente del Gobierno apuntó algunas de las medidas que Garzón deberá pilotar como ministro de Consumo, como la de impulsar criterios homogéneos con las comunidades autónomas para evitar que los locales de apuestas puedan abrir antes de las diez de la noche y que limiten su proximidad a los centros escolares.
El acuerdo de investidura entre el PSOE y Unidas Podemos incluía, además, la «regulación urgente» de los juegos de azar, su publicidad y las apuestas en línea, de forma similar a la del tabaco, con el objetivo de prevenir y frenar la ludopatía.
Así, desde el Ejecutivo quieren obligar a que los locales de juego y apuestas abiertos al público expongan en la entrada un cartel de advertencia sobre los peligros de la ludopatía, con un contenido y proporciones análogas a los que aparecen en las cajetillas de tabaco.
Como ministro de Consumo, Garzón tendrá que afrontar otros importantes retos que apuntan desde las organizaciones de consumidores y usuarios como supervisar a las comunidades autónomas o abordar cuestiones como la obsolescencia programada o los abusos de la banca y de los pisos turísticos.
Para la OCU, la creación de esta cartera supone «una buena oportunidad para dar un impulso fuerte y decidido» a la protección de consumidores y confía en que sea más que una «decisión estética», por lo que reclama a Garzón que endurezca sanciones, defienda al consumidor vulnerable, mejore las acciones colectivas o instaure mecanismos de reclamación y resolución de conflictos.
Desde Facua piden una reforma de la ley para que asuma y comparta competencias sancionadoras con las comunidades y haga uso de su potestad que le otorga esa misma normativa para llevar a las empresas ante los tribunales por prácticas abusivas.