La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado este martes las nuevas medidas económicas que ha aprobado el Consejo de Ministros.
1. El Gobierno ha ampliado la cobertura de la prestación por desempleo a más trabajadores, como los despedidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo o a los que no hayan podido incorporarse a un nuevo puesto a causa de la crisis del COVID-19.
2. También se ha incrementado el ámbito de aplicación de los ERTE por causa de fuerza mayor en sectores considerados esenciales que también han visto reducidos sus ingresos. En este sentido, el Ejecutivo facilitará el acceso a las prestaciones de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) a los contratados fijos discontinuos o trabajadores de temporada. Y se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada.
3. Reducción del IVA que pagan el suministro de material sanitario y los libros y prensa en formato electrónico. Calviño ha precisado que la reducción a cero del IVA del suministro de material sanitario de productores nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios permitirá ahorrar más de 1.000 millones de euros.
4.Un nuevo paquete de medidas económicas que permitirá a las empresas ajustar los pagos fraccionados de sus impuestos a la situación de cierre y a los autónomos renunciar temporalmente al sistema de tributación por módulos.
Otras medidas laborales son la prórroga durante dos meses del carácter preferente del trabajo a distancia, la creación de sanciones específicas para ERTE fraudulentos o la suspensión de plazos para la inspección de trabajo.
Las medidas fiscales recogidas en el real-decreto ley permitirán liberar más de 1.100 millones de euros de liquidez para las empresas.
Con este cambio, los autónomos podrán calcular, durante el período de estado de alarma, sus pagos fraccionados de IRPF y los ingresos a cuenta del IVA conforme a sus ingresos reales, en lugar de con el método de estimación objetiva, que habitualmente se utiliza por su mayor simplicidad, sin necesidad de renunciar a éste.
También se establece una reducción en los pagos fraccionados de IRPF e IVA, del que se descontará cada trimestre los días correspondiente al estado de alarma.
Además, las empresas podrán adaptar las liquidaciones de los ingresos a cuenta a la nueva previsión de ingresos para el año, así como supeditar el abono de las deudas tributarias a la obtención de financiación conforme a la línea de créditos avalados por el Estado.
Con el propósito de reforzar la financiación empresarial, se amplía la cobertura de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir pagarés y se refuerzan los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).
Asimismo, se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de los riesgos del seguro de crédito.
El real decreto-ley establece un mecanismo para renegociar y aplazar el abono de alquileres de locales si los propietarios son grandes tenedores o empresas públicas, así como para utilizar la fianza como pago en caso de que sean particulares.
Entre otras medidas, el decreto establece las condiciones para rescatar fondos de pensiones, reduce a la mitad los aranceles notariales para la novación de créditos no hipotecarios y define reducciones o exenciones de tasas portuarias en determinados casos.
Las medidas para defender la ciencia y la investigación incluyen apoyo financiero para parques científicos y tecnológicos, la posibilidad de prorrogar contratos predoctorales para personal investigador, ayudas para garantizar la continuidad de proyectos universitarios o la posibilidad de optar por la novación de préstamos renta-universidad.
El Gobierno ha defendido que el objetivo de estas medidas es dar «soporte al tejido económico y social», con el objetivo de facilitar la recuperación económica una vez superada la emergencia sanitaria.