ERC, Bildu, Compromís, Más País, Junts, la CUP, el BNG y Nueva Canarias han pedido este miércoles que el Congreso abra una comisión de investigación sobre el papel de las empresas públicas españolas que participaron de la construcción del AVE a la Meca tras el continuo veto de la Mesa del Congreso a abrir pesquisas sobre las supuestas comisiones recibidas por el Rey emérito por dicha adjudicación, un asunto que está en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
El promotor de esta iniciativa es el diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien en rueda de prensa en el Congreso ha mostrado su esperanza en que esta vez sí se pueda derribar el «muro infranqueable» que supone, a su juicio, la inviolabilidad de Juan Carlos I.
En la propuesta registrada se señala que en los últimos meses se han publicado informaciones relativas a una posible trama de cobro de comisiones en torno a la construcción de la línea de alta velocidad ferroviaria que conecta el recorrido Medina-La Meca en el que se verían salpicadas empresas públicas españolas y algún ex alto cargo público.
De hecho, destacan que semanas antes de que el servicio del «AVE del desierto» fuera inaugurado, en septiembre de 2018, se publicó que la empresaria alemana y amiga del Rey emérito, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, reconocía, en una conversación con el excomisario José Manuel Villarejo, que era conocedora de que empresas públicas españoles habrían pagado comisiones de hasta 100 millones de dólares para conseguir de las autoridades saudíes la adjudicación de esta obra.
«Esperamos que las empresas públicas que construyeron el ferrocarril a la Meca, esto es, Renfe Operadora, Ineco y Adif, no sean también inviolables» y que el Congreso pueda averiguar si pagaron comisiones para obtener la adjudicación de ese obra, a quién y si éstas estaban debidamente declaradas, ha dicho Baldoví.
El diputado valenciano ha justificado la presentación de esta iniciativa ante los reiterados vetos del PSOE, PP y Vox a que se debata siquiera la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre las presuntas irregularidades del padre del Rey, y porque legítimamente la Cámara Baja pueda fiscalizar la actuación de empresas públicas «que se financian con el dinero de todos».
Como impulsor del texto, Baldoví ha recalcado que aún no ha hablado con el PSOE para saber si en esta ocasión dejarán pasar esta propuesta pero tampoco con Unidas Podemos, que en los últimos meses sí que ha presentado solicitudes, también sin éxito, para investigar las supuestas cuentas de Juan Carlos I. En todo caso, confía en que los de Pablo Iglesias respalden esta solicitud en la Mesa del Congreso.
Todos los partidos que firman esta solicitud han coincidido en apuntar que resultaría «muy difícil, por no decir imposible», que el órgano rector de la Cámara tumbase esta iniciativa. De hecho, según palabras del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, sería «escandaloso», además de una «vergüenza».
«Cada vez damos menos margen al escapismo», ha apuntado, en este sentido, su homóloga de Bildu, Mertxe Aizpurua, quien ha subrayado la necesidad de terminar «con la inmunidad, que es impunidad de por vida», que se otorga al Rey, sea o no emérito y derribar el «blindaje autoritario» que subyace detrás de los sucesivos vetos.
De su lado, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha lamentado que todo lo que rodea al Rey emérito se ha convertido en una suerte de «test de estrés» de la calidad de la democracia española y ha apuntado que sería «inconcebible» que la Mesa de la Cámara acabe rechazando esta nueva comisión de investigación.
Desde Junts, Sergi Miquel ha defendido la necesidad de que el Congreso abra esta nueva línea de investigación; en la CUP, Mireia Vehí ha añadido que no se entendería que la Cámara no averigüe qué personas y empresas están detrás de ese supuesto pago de comisiones; y en el BNG, Néstor Rego cree que es «imprescindible» que éstas sean investigadas y «difícil» de argumentar políticamente que no impida.