El Ministerio del Interior ha incrementado en los últimos cinco meses el ritmo de traslados de presos de ETA a cárceles vascas o próximas a esa comunidad autónoma, un periodo de tiempo en los que ha autorizado 64 de los 103 aprobados en los dos años y medio del Gobierno de Pedro Sánchez: ya son 21 los etarras acercados al País Vasco y otros dos a Navarra, mientras que de las cárceles de Andalucía, las más alejadas, han salido 30 internos de la banda terrorista, aunque quedan aún otros 47.
De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio del Interior recopilados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), y consultados por Europa Press, en total han cambiado de centro penitenciario 94 etarras (nueve lo han hecho en dos ocasiones, de ahí que sumen 103 traslados). Algunos están aprobados pero aún no han sido ejecutados, por lo que la cifra puede variar ligeramente.
Hasta mayo de 2020 hubo 39 traslados y ocho terceros grado para presos de ETA, un colectivo que no llega ahora a los 200 internos en las cárceles españolas. Desde mitad del mes de junio, y dejado atrás la fase más aguda de la primera ola del coronavirus, se han acelerado notablemente las comunicaciones para notificar cambios de cárceles por otras más próximas al País Vasco y Navarra, alcanzando la cifra de 64 comunicaciones por traslado.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por Europa Press corroboran este dato, aunque lo desglosan de otra forma. Contabilizan 73 acercamientos de etarras porque incluyen tan sólo aquellos autorizados al País Vasco, Navarra y provincias limítrofes, además de las cárceles de Soria y Zaragoza.
Si se suman todos los traslados, coincide con el dato de 103: 92 ya aprobados y otros 11 como consecuencia de progresión al tercer grado o régimen de semilibertad, lo que obligaría al acercamiento por proximidad al núcleo familiar.
De los 197 etarras en prisión, descontando los 47 que están en Andalucía, hay que destacar que, a 11 de noviembre, Castilla y León cuenta con 32 internos; en Aragón hay 17 presos de ETA y en La Rioja son 16. Le siguen Galicia (con 8 etarras), Asturias (6) y Cantabria (4). Según estas cifras recopiladas por la AVT a partir de los datos de Interior, Andalucía, Murcia, Extremadura, Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha --regiones más alejadas del País Vasco-- suman 85 presos de ETA, sin incluir aquí las cárceles de Madrid (11 etarras en la actualidad).
Por otra parte, las cárceles desde las que han sido aprobados más trasladados de etarras son: Andalucía (30, de los que 22 han sido comunicados desde el pasado mes de mayo), Comunitat Valenciana (24), Murcia (7), Castilla-La Mancha (7) y Extremadura (3). En cualquier caso, hay que tener en cuenta que algunos traslados aún no se han ejecutado, pero están ya aprobados y comunicados por Instituciones Penitenciarias.
La AVT aporta más detalles al respecto: la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha autorizado 18 traslados de presos de ETA al País Vasco o Navarra, de los que siete son por tercer grado y dos por enfermedad y razones bajo protección de datos.
Los datos reflejan que Interior --que defiende que los traslados son por decisiones individuales a propuesta de las juntas de tratamiento, sin que luego sean recurridos judicialmente-- cada vez incluye más presos en primer grado, en algunos casos aplicando el principio de flexibilidad del artículo 100.2, y con más años de condena aún por cumplir.
La asociación de víctimas denuncia esto último en un contexto de «fin de la política de dispersión» que no exige que los etarras colaboren con la justicia para esclarecer los más de 300 asesinatos sin autor conocido. También desconfía del protocolo por el que Prisiones habla de que han asumido la legalidad penitenciaria y ligan estas decisiones, a tenor de lo expresado por miembros del Gobierno como el vicepresidente Pablo Iglesias, a la necesidad de contar con el apoyo de EH Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
Con delitos de sangre y primer grado
Entre las mayores críticas de la AVT está que se incluya a 25 etarras con delitos de sangre entre los acercados, entre ellos dos de los últimos cinco cuyo trasladado ha sido autorizado por Interior esta misma semana: Mikel Azurmendi Peñagaricano y Maite Pedrosa Barrenechea, condenados por asesinar al concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García, y que cambian la cárcel de Valencia por la de Zaragoza.
Con el Gobierno de Pedro Sánchez, y siendo ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, se han contabilizado también 15 progresiones al tercer grado o régimen de semilibertad, de los que cinco son etarras con delitos de sangre. Seis han obtenido la libertad condicional y otros siete han sido excarcelados al cumplir su condena.
Según los datos de la AVT, que teme que los traslados sean la antesala de una puesta en libertad masiva --recelan, por ello, de que se transfiera al País Vasco la competencia en prisiones--, más de 130 presos de ETA siguen clasificados en primer grado, el régimen cerrado y, por tanto, más duro. A mediados de 2018, cuando llegó Sánchez al Gobierno, había 203 etarras en primer grado de un total de 233 en prisión.
Precisamente este viernes Etxerat, la plataforma de familiares que apoya a los presos etarras, ha emitido un comunicado en el que valora la decisión de Instituciones Penitenciarias de permitir que los condenados por terrorismo «abandonen recientemente los módulos de aislamiento de las cárceles de Estremera, Córdoba, Sevilla y Huelva».
Aunque lo ven «insuficiente», Etxerat se refería en concreto a la decisión de sacar del módulo de aislamiento en Huelva a presos como Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', asesino de los concejales del PP Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco, entre otros. Prisiones sostiene que continúa clasificado en primer grado, aunque la dirección del centro aprobó que dejara el módulo de reclusos conflictivos por otro ordinario, donde ahora sí puede coincidir con otros internos en las horas de patio.
La AVT emite un comunicado cada vez que, cumpliendo con el compromiso de Fernando Grande-Marlaska al llegar al Ministerio del Interior, le comunican un nuevo traslado de etarras. En el último lamentaba una vez más que «los verdugos ganen la batalla del relato y encima gobiernen España», y alertaba: «No los quieren cerca, los quieren libres».