El juez del caso Kitchen sobre el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas ha citado a declarar a los notarios ante los que el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez protocolizó los mensajes que señalan al exministro Jorge Fernández Díaz por si estos fueron manipulados. Uno de ellos es Alberto Vela Navarro-Rubio, cuyo despacho se halla en Maó.
El auto explica que el presunto ilícito se habría cometido el pasado mes de marzo cuando el notario se puso en contacto con Francisco Martínez para preguntarle cómo se borrarían unos mensajes, tras ser requerido judicialmente, a través del Consejo General del Notariado y con la expresa advertencia del carácter secreto de las actuaciones, para que entregara una copia del acta notarial de los mensajes protocolarizados. El exsecretario de Estado defendió ante el juez que la eliminación de estos whatsapps estaría relacionada con unos «chistes de mal gusto».
La Fiscalía también sostiene que, a pesar de haber sido informado del carácter secreto de las digilencias, Alberto Vela intercambió mensajes con el ex secretario de Estado de Seguridad «haciendo caso omiso al carácter reservado del procedimiento».
Resolver contradicciones
En un auto conocido este jueves, el juez atiende a la petición del fiscal de citar a ambos notarios como consecuencia del careo entre el exministro del Interior y de quien fuera su número dos en ese departamento sobre su implicación en el espionaje a Bárcenas para obtener información comprometedora para dirigentes del PP.
En el careo, cuyos audios se han conocido esta semana, Fernández Díaz negó —como ha hecho su defensa desde su imputación— haber enviado esos cuatro mensajes a Martínez interesándose por el chófer de Bárcenas y confidente policial, Sergio Ríos.
El exministro sostiene que los mensajes que su entonces subordinado registró ante notario pueden haber sido manipulados, algo que niega tajantemente Martínez, quien durante el careo aseguró: «No soy ‘hacker' ni falsificador».
Los llevó a la notaría, añadió, no para «incriminar» a nadie, sino para protegerse, porque se le había puesto «bajo una sombra absoluta de sospecha» de haber montado un operativo, cuando él solo preguntó lo que le había pedido el ministro.
No son esas las únicas citaciones que ha acordado el magistrado, quien quiere escuchar de nuevo a dos de los imputados: el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y el excomisario de la UCAO Enrique García Castaño, el Gordo.
La cuestión es que Martínez admitió la posibilidad de que el último de esos mensajes (clave, por ser en el que se comunica el éxito de la operación) no lo hubiera escrito el ministro, sino que fuera un texto que habría recibido y reenviado.
Algo que apoyó el propio extitular de Interior, dado que el lenguaje utilizado no encaja con el que él suele usar. «Lo que es inverosímil es que ese mensaje lo haya escrito un ministro. Es que es un texto de un operativo».
El juez recuerda los frecuentes contactos de Fernández Díaz con los miembros de la cúpula policial implicada en el caso y, por ello, cita a Pino y a García Castaño para preguntarles si tuvieron que ver con el envío de los mensajes.
Asimismo, el magistrado ha acordado el volcado de dos teléfonos móviles, uno de ellos perteneciente a García Castaño y otro al inspector Antonio Bonilla.
Y ha decidido citar de nuevo para el próximo lunes 30 a dos testigos que no testificaron en su momento: el sacerdote Silverio Nieto e Icíar Castro por los mensajes que intercambiaron con Martínez después de su imputación.