El PSOE ha presentado este miércoles una denuncia contra Vox ante los tribunales al considerar que están incurriendo en delitos de odio y discriminación por el origen, así como contra la ley electoral, con su campaña 'Protege Madrid', en la que señalan a los menores extranjeros no acompañados a través de los polémicos carteles electorales en la estación de Renfe de la Puerta del Sol pero también desde su página web, sus redes sociales y sus declaraciones públicas contra este colectivo.
«Sus representantes, su campaña electoral, su página web y, su perfil público y oficial de Twitter, en su conjunto y por separado puede ser considerada como constitutivos de un delito de odio y discriminación», asegura el PSOE en su denuncia en la que aportan como pruebas fotos de los carteles y también fragmentos de su programa o de mensajes en sus redes sociales.
Según los socialistas, esta campaña implica «acciones catalizadoras de mensajes y conductas que pueden fomentar, promover o incitar de manera directa o indirectamente el odio, hostilidad, discriminación o, incluso la violencia contra aquellos a los que se refieren, lesionando por ello la dignidad de estos, y colocándolos en la diana de la sociedad haciéndoles responsables de inseguridad ciudadana y despilfarro en contraposición a los ciudadanos españoles».
«Estamos ante delitos de odio y discriminación por el origen, frente a un colectivo vulnerable y desamparado, menores extranjeros, y su religión, haciendo mención implícitamente también a su credo», resumen la formación que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Los carteles de Vox en la estación de la Puerta del Sol ya están siendo objeto de una investigación abierta de oficio por la Fiscalía de Madrid. Además los ministerios de Igualdad y Derechos Sociales han puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado lo que consideran una «criminalización absoluta» y un «ataque racista» contra los menores extranjeros no acompañados.
Todo ello, después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, telefoneara personalmente este martes a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, después de que trascendiera la polémica, para trasladarle la preocupación del Ejecutivo sobre este asunto, según informan fuentes gubernamentales.
Según estas fuentes, el Gobierno confía en que la Junta Electoral Provincial retire cuanto antes esta publicidad electoral de Vox, aunque reconocen que últimamente este órgano se ha «columpiado». En todo caso, la Junta Electoral no puede actuar de oficio, sino en base a las solicitudes que recibe.
A este respecto, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, anunció este martes que se iba a ocupar de tratar de retirar el cartel, si era posible. Posteriormente Renfe aseguró en un comunicado que los quitará en cuanto tenga el visto bueno de la Junta Electoral Provincial.
En su denuncia ante los tribunales, el PSOE acusa a Vox de difundir «mensajes dirigidos a provocar, cuanto menos, el odio y la discriminación en relación con los menores extranjeros no acompañados relacionándoles y haciéndoles responsables de la inseguridad ciudadana y con un gasto de dinero público, a su modo de ver, en contra de los intereses de los «españoles» en contraposición a los extranjeros».
Además, aseguran que Vox «está basando su argumento en datos maliciosamente tergiversados para buscar un impacto que fomente el odio frente a un colectivo vulnerable». En concreto, los carteles incluyen mensajes como 'Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes', junto al logo de Vox y su lema de campaña 'Protege Madrid'. En el mismo cartel se ve la imagen de dos personas, una mujer de avanzada edad y, en otro, un hombre encapuchado y enmascarado con tez oscura.
«El mensaje no sólo hace una comparación en un claro intento de fomentar el odio por la comparación, sino que va más allá, vinculando a los menores extranjeros, con la inseguridad, y, con la delincuencia», afirman los socialistas.
Además, señalan que los carteles de Vox en la estación de Sol forman parte de una campaña que están también difundiendo a través de su página web, su programa electoral y sus redes sociales.
Y añaden que «el impacto ha sido masivo y ha creado una corriente de opinión diversa, a favor y en contra, reforzando por consiguiente el argumento y las posiciones de odio y entrando su «agenda del odio», como «mensaje electoral» en las tertulias y debates».
«Por lo tanto, el daño parece irreparable por su gran proyección», avisan.
Por todo ello, sostienen que se podrían estar cometiendo delitos penados y previstos en el Código penal, como son promover o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo.
«Aunque la libertad ideológica y la libertad de expresión protegen la libre expresión de las ideas, incluso rechazables y molestas para algunas personas, en ningún caso tales libertades pueden dar cobertura al menosprecio y el insulto contra personas o grupos, o la generación de sentimientos de hostilidad contra ellos, constituyendo por ello, delitos de odio», argumentan.