Un total de 1.172 militares colaboran con las comunidades autónomas para seguir el rastro del COVID-19 en una quinta ola en la que han detectado un nuevo perfil de afectados: jóvenes de entre 16 y 24 años con muchos contactos sociales.
Así se lo han explicado este lunes a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su visita a la Sección de Vigilancia Epidemiológica (SVE) de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.
Las Fuerzas Armadas comenzaron el pasado año a colaborar con las autonomías para labores de rastreo y, tras un descenso del número de militares implicados, las comunidades han pedido un nuevo incremento de esta ayuda debido al repunte registrado este verano.
Castilla y León, con 220, es la que cuenta con más efectivos, seguida por Andalucía (210) y Galicia (90). A ellas las siguen Castilla-La Mancha, Balears, Valencia y Cantabria. En Madrid, donde la vigilancia se desactivó el 21 de junio y se volvió a activar el pasado jueves, hay 40 rastreadores militares actualmente.
En esta quinta ola, la ministra ha explicado que ha cambiado el perfil de las personas rastreadas. Antes eran «mucha más edad» y contactos reducidos al ámbito familiar, mientras que ahora se trata de jóvenes de entre 16 y 24 años con un nivel mayor de contactos, sobre todo de amigos o conocidos en viajes.
En cualquier caso, pese a la sorpresa que les causa la llamada de un rastreador militar, Robles ha asegurado que la colaboración es «muy buena». También ha elogiado la coordinación entre los militares y las comunidades autónomas, que además ya cuentan con «experiencia» después de los primeros meses de pandemia en los que se activó la misión Baluarte'.