El acuerdo con los sindicatos para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 965 euros brutos ha tensado la relación entre la patronal, que prefería esperar a 2022 para una nueva subida, y el Gobierno, que asegura que el incremento podría haber sido menor de haberse sumado los empresarios.
El pacto alcanzado este jueves entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT para subir un 1,57 % el SMI a partir del 1 de septiembre continuó provocando reacciones ayer, y la patronal siguió defendiendo que ahora no es el momento y avisó de un posible impacto en el empleo.
Los sindicatos valoraron la subida y subrayaron el compromiso del Gobierno de situar el SMI en el 60 % del salario medio entre 2022 y 2023, para alcanzar ya 1.000 euros el año que viene, según el líder de CCOO, Unai Sordo. El real decreto que regulará la subida del SMI será aprobado, previsiblemente, en el Consejo de Ministros del 28 de septiembre.
Mejoras
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó ayer en Santiago de Compostela que la subida del SMI mejorará la vida de 1,5 millones de trabajadores e hizo «un llamamiento» a la patronal a «resituarse».
«A veces no negociando se pierde, no sé si hablo claro, esta ministra estaba dispuesta a pactar por una cuantía inferior a la que tenemos», añadió.
Pero para el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, las implicaciones que este incremento tiene en algunos sectores, como la agricultura, o determinadas regiones, como las islas Canarias o Extremadura, son determinantes para no querer hablar de elevar en salario mínimo interprofesional «en este momento».
El propio Garamendi avisó también de que la subida tendrá un impacto en el mercado laboral, ya que «desaparecerán cientos de empleos, se crearán otros, pero no creceremos como deberíamos crecer».
La postura de la CEOE recibió las críticas de Sordo, quien consideró en una entrevista que «no es de recibo», porque «creer que cuando una empresa quiere contratar a alguien va a dejar de hacerlo por pagar 15 euros más al mes» es «ridículo».
Dicho esto, Sordo valoró el papel y la corresponsabilidad de la patronal durante la pandemia, con la firma de varios acuerdos, y dijo que confía en que esta desunión no condicionará el resto de negociaciones, como la reforma laboral, la prórroga de los ERTE o la reforma de las pensiones.
Unas negociaciones que, avisó, ya de por sí «van a ser complejas porque las posiciones son bastante divergentes».
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, reclamó «una cierta prudencia sobre cualquier decisión» que afecte al salario mínimo, puesto que la recuperación económica es «heterogénea» y no toca por igual a todos los sectores productivos.