La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha señalado que el paro «minoritario» de transportistas que comenzó el pasado lunes responde a «un grupo de ultras que están intentando someter a este país a un chantaje y sustituyendo la palabra por palos, clavos y piedras». Así lo ha señalado la ministra justo después de reunirse con todos los representantes de todos los sectores del ámbito de su departamento, incluidos sindicatos, responsables del Ministerio y de empresas públicas dependientes, tras reunirse ayer también con las patronales mayoritarias de los transportistas.
Según la ministra, estos grupos están «en muchos casos apoyados por la ultraderecha» --entre los partidos políticos, Vox ha apoyado el paro-- y estarían evitando que «la mayoría de los transportistas ejerzan su derecho a trabajar». «No podemos permitir que sometan a ese país a un pulso que no vamos a tolerar, estamos trabajando con el Ministerio de Interior y hemos movilizado más de 15.000 agentes para reprimir estas actuaciones violentas que no representan al sector. Somos sensibles pero no vamos a ceder a este chantaje, sabotaje y boicot», ha añadido. En este sentido, la cadena de suministros ya se ha visto afectada y toda la industria ha pedido a la Administración que actúe con urgencia para asegurar el abastecimiento, ya que los productos no están llegando a las fábricas y demás centros de producción.
Pese a que el paro ha sido convocado por una organización con una representación pequeña y ninguna de las organizaciones mayoritarias lo han secundado, para las grandes patronales, a las que se ha sumado la propia CEOE, los piquetes están actuando «con violencia» para detener a los camioneros y son las propias empresas de transportes las que han decidido parar «por la seguridad de sus trabajadores». Los asalariados no están llamados al paro puesto que no se trata de una huelga convocada por sus representantes (los sindicatos), pero muchos no pueden continuar con su trabajo por actuaciones como «pinchazos de ruedas», según denuncian las organizaciones empresariales.