La Comisión de Salud Pública reanudará esta tarde el debate sobre la nueva estrategia que normalizará la COVID al eliminar el aislamiento de los asintomáticos y las pruebas con carácter general para entrar en una nueva fase que se focalizará en los casos graves y los entornos vulnerables. Los directores generales de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y de las comunidades llevan semanas trabajando en este documento sobre el que ya existe un gran consenso, según trasladan a Efe fuentes de este órgano.
Cuando la cierren, la nueva estrategia de control de la covid-19 abrirá un nuevo escenario de gestión de la pandemia en la que solo se seguirán los casos graves y los entornos vulnerables, la realización de pruebas de detección se dejará a criterio de los profesionales y las personas asintomáticas no tendrán que hacer aislamiento. Aunque en residencias de mayores y los pacientes hospitalizados sí que tendrán que estar aislados al menos durante cinco días, los primeros si el quinto dejan de presentar síntomas y los segundos con una prueba negativa.
En esta nueva fase podrían acabarse además las cuarentenas de la población general -que actualmente son de siete días- y las consiguientes bajas laborales. Así lo deslizó el pasado viernes el consejero extremeño de Salud y Servicios Sociales, José María Vergeles: «Desaparecen las cuarentenas en la población general», a la que no se le dará la baja laboral a menos que, como ocurre en otras infecciones respiratorias, «tengan unos síntomas de enfermedad», como fiebre, malestar general o dificultad para respirar que «le impiden estar unos días trabajando».
En estos casos «se le dará la baja por ese motivo, pero ya no por covid», que se reservará para «aquellos profesionales que trabajen en entornos vulnerables». Los miembros de la Comisión deberán además revelar cuándo iniciará esta nueva etapa de la pandemia en un momento en el que la incidencia va lentamente repuntando -el pasado viernes remontó 13 puntos hasta los 445- pero en el que la presión hospitalaria sigue a la baja, con una disminución de los ingresos ucis hasta el 6,5 % y en planta hasta el 3,6 %. Datos que siguen impidiendo, por el contrario, un consenso de las comunidades respecto al uso de la mascarilla en interiores.
El consejero de Madrid, Enrique García Escudero, insistió este lunes en que el Ministerio de Sanidad debe llevar a la reunión de esta tarde el debate sobre «cuándo, cómo y dónde debe retirarse». «Dada la situación epidemiológica y asistencial actual, es el momento de comenzar a tomar esa decisión», subrayó el consejero, quien apuesta por retirar su obligatoriedad «de manera gradual» pero mantenerlas en entornos como residencias, hospitales y transporte público. Mientras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reiteró que Andalucía no está «ahora mismo» a favor de quitar las mascarillas en los interiores porque «no se dan las circunstancias para poder hacerlo», una decisión que se debe adoptar en función de «criterios técnicos, científicos y no políticos».