El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, coincidiendo con la efeméride del Día Mundial del Agua, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua que prevé movilizar más de 3.000 millones de fondos públicos y privados este año y el próximo y que estima una creación de empleo de unos 3.500 puestos de trabajo. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha indicado que este PERTE será una herramienta para transformar y modernizar los sistemas de gestión del agua en España, tanto en el ciclo urbano, como en el regadío y en la industria para lo que el proyecto incluye ayudas para impulsar esta digitalización.
«Agua y energía son elementos determinantes de nuestro bienestar, con alto contenido económico para el conjunto de actividades, industrias, servicios, bienestar y con contenido económico del conjunto de actividades, industrias, servicios, bienestar de las ciudades y los hogares», ha valorado Ribera, que ha recordado que la gestión del ciclo integral del agua es «tan determinante» que incide en un tercio del PIB. En ese sentido, considera necesario completar la modernización del ciclo del agua con herramientas «fundamentales» como la digitalización, la innovación y la formación de los profesionales y ha recordado que España es una de las potencias más importantes en materia de industria y servicios del agua. La vicepresidenta confía en que con este PERTE se logrará mejorar el conocimiento del recurso, facilitar una gestión más transparente, ayudar a cumplir los objetivos ambientales para las distintas masas de agua y generar empleo de alta cualificación técnica propiciando oportunidades de negocio dentro y fuera de España.
Además, ha explicado que con el objetivo de aumentar la gobernanza y la transparencia, el proyecto estratégico incluye la puesta en marcha de un Observatorio de la Gestión del Agua en España. Otra de las novedades que incorpora es la creación de un sello de calidad que se otorgará a los usuarios con mejores prácticas en el manejo del recurso hídrico. Para poner en marcha el PERTE se modificará la Ley de Aguas, para incluir los avances en digitalización y se actualizará el Reglamento de Dominio Público Hidráulico para apostar por la teledetección en el control de los usos del agua y marcar las condiciones tecnológicas para los nuevos aprovechamientos. Así, el PERTE impulsará el uso de las nuevas tecnologías de la información en el ciclo integral del agua, para mejorar su gobernanza y transparencia, aumentar su eficiencia, reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la planificación hidrológica y las normativas internacionales.
Según ha destacado Ribera, este es el tercer PERTE impulsado por su departamento después de los dirigidos a Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA) y el de Economía Circular. El nuevo PERTE prevé una movilización de 3.060 millones de euros en inversiones públicas y privadas, 1.940 millones de los fondos europeos y prevé otros 1.000 millones de financiación privada y activará la creación de cerca de 3.500 empleos de calidad, abriendo nuevos nichos profesionales en la gestión del agua. Ribera ha recordado que España es uno de los países de la Unión Europea con mayor estrés hídrico y que en los próximos años se esperan disminuciones de hasta el 25 por ciento del recurso en todo el país y del 40 por ciento en el sureste peninsular para finales de siglo. De ese modo, la vicepresidenta considera que el uso de nuevas tecnologías para conseguir una información precisa y actualizada en sectores como el ciclo urbano del agua, el regadío y la industria «permitirán tener una mejor capacidad de control y gestión del recurso». En concreto, ha explicado que el PERTE desarrollará programas de ayudas para impulsar la digitalización de los distintos usuarios del agua y avanzar en la protección del medio ambiente, la mejora de la gestión de los recursos hídricos y la lucha contra el cambio climático y el reto demográfico.
Así, ha dicho que a lo largo de 2022 y 2023 se lanzarán varias convocatorias de ayudas para administraciones y entidades competentes en el ciclo urbano del agua, la industria y para comunidades de regantes y de usuarios de aguas subterráneas. Esta línea de actuación cuenta con una inversión directa de 1.700 millones de euros, que arrastrará una movilización adicional de 1.120 millones de colaboración público-privada. En torno al 80,5 por ciento del agua en España se destina al regadío y usos agrarios, seguido del 15,5 por ciento del abastecimiento del ciclo urbano.