El paro de transportistas da señales de que pierde fuelle después del acuerdo suscrito por el Gobierno con la mayoría de asociaciones del sector, justo cuando arranca la tercera semana de movilizaciones. Aunque la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera -que agrupa a pymes y autónomos- mantiene el paro y en un comunicado difundido este lunes ha instado a los camioneros y otros conductores profesionales a seguir haciendo «visibles» sus protestas, ya admite que se encara «la recta final» del conflicto.
Las principales patronales del sector han asegurado que la situación es de «práctica normalidad» en las carreteras y han localizado los problemas de circulación para los camiones en las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y País Vasco, así como en el entorno de la ciudad de Puertollano (Ciudad Real). Un portavoz de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha asegurado que son «muchos más camiones los que están circulando» este lunes respecto a la semana pasada, pero ha insistido en que «se siguen pinchando ruedas» en los piquetes localizados en las regiones ya mencionadas. La CETM no cree que haya motivos para proseguir con las protestas ya que los acuerdos alcanzados con el Gobierno «complementan, de manera coyuntural, a los que se adoptaron en diciembre» y que en su opinión ya resolvían los principales problemas del sector.
Con respecto al fin de semana, las fuentes consultadas han señalado que la tasa de actividad en algunas zonas, como el entorno de Madrid, llegó al 98 % el domingo, aunque han recordado que los datos de esos días no son los más representativos de la actividad en el transporte. «La situación ha mejorado muchísimo», ha corroborado hoy el presidente de la patronal Uno Logística, Francisco Aranda, responsable de la principal asociación del sector y que también forma parte del departamento de mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera. Aranda ha especificado que los transportistas están «entendiendo la importancia y los beneficios del acuerdo», y ha considerado que éste «recoge el grueso de las exigencias planteadas por el sector».
Del lado del Gobierno, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha considerado que las protestas se están produciendo de manera «marginal» este lunes. Pese a que las movilizaciones parecen diluirse, en Barcelona un grupo de transportistas autónomos ha cortado de nuevo esta mañana el tráfico en la Ronda Litoral de la ciudad. La Plataforma continúa con el paro pese al acuerdo de ocho puntos que alcanzaron en la madrugada del viernes el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), entidad que agrupa a la mayoría de las asociaciones del sector pero de la que no forman parte los convocantes. Tras una intensa negociación, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció que se bonificará durante tres meses a los transportistas con un mínimo de 20 céntimos por litro, de los cuáles 15 correrán a cargo del Estado y al menos 5 serán aportados por las empresas petroleras.
Además, la ministra anunció ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para las empresas de transporte de mercancías y viajeros en función del tipo de vehículo: 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero. «El acuerdo significa atender las demandas y apoyar de forma rápida y decidida un sector estratégico y esencial para nuestro país con una inyección de más de 1.000 millones de euros», ha argumentado la ministra Sánchez en una entrevista publicada este lunes en el periódico El País. Preguntada por la posible continuidad de los paros convocados por la Plataforma, Sánchez ha pedido a los transportistas que lean el «gran acuerdo» alcanzado y ha apelado a la «responsabilidad de todos», en alusión a los problemas de suministro registrados la semana pasada debido precisamente a las protestas. Está previsto que las medidas de apoyo al sector entren en vigor el próximo viernes después de que mañana martes el Consejo de Ministros apruebe un «plan de choque» contra los efectos de la guerra ruso-ucraniana en la economía española.