Unidas Podemos ha aprovechado la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para exigirle que se asuman «responsabilidad políticas al máximo nivel» por el espionaje a políticos con el programa 'Pegasus', mientras que ERC ha vuelto a pedir abiertamente su salida del Gobierno.
En la Comisión de Defensa de este miércoles, el socio minoritario del Gobierno ha sido más exigente con la ministra que algunos de sus aliados parlamentarios y que la propia oposición. Pablo Echenique, que hoy ha ejercido de portavoz de defensa del grupo parlamentario, ha afirmado que el 'caso Pegasus' es «el mayor escándalo» de la España reciente y que «la situación actual es insostenible».
A su juicio, ya era «insoportable» el espionaje a independentistas, pero la denuncia de que también se espió al presidente del Gobierno «eleva la crisis a otro nivel». «Es un auténtico escándalo que no hace ni un ápice menos grave el espionaje masivo a independentistas», ha apostillado. Según Echenique, sólo caben dos posibles autorías de ese espionaje: O fueron agentes extranjeros, lo que en su opinión reflejaría «una incapacidad inaceptable» al proteger las comunicaciones del presidente del Gobierno, y por tanto, la seguridad nacional; o fue «una célula descontrolada» del CNI o de las fuerzas de seguridad, «lo que revelaría una flagrante incompetencia o una absoluta dejación de funciones al limpiar las cloacas del Estado».
«Nos parece evidente que, sea cual sea la autoría, es inevitable que se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel», ha concluido el portavoz de Unidas Podemos, que precisamente había empezado su intervención señalando a Robles como «la máxima responsable política del CNI».
El aviso a la ministra ha llegado también por parte de Esquerra Republicana, cuya portavoz, Montserrat Bassa, ha afirmado que «en una democracia plena, debería dimitir o ser cesada por legitimar el espionaje, culpabilizar a las víctimas y menospreciar con ignorante soberbia» a quienes destaparon el espionaje a independentistas, Citizen Lab y The New Yorker.
«Y no sólo debería dimitir usted, sino que debería haber cascada de ceses y dimisiones». A su juicio, todo este asunto indica que España es «un Estado de excepción democrático, que dura tanto que es su propia normalidad democrática», y ha avisado de que «el incremento de la represión» no va a disuadir a los independentistas, sino que les animará más porque en este contexto «la independencia es una necesidad». Y ha remachado su intervención con el lema en catalán de «Lo volveremos a hacer» que repiten los líderes separatistas.
En cambio, otros aliados parlamentarios del Gobierno e incluso fuerzas de las oposición han incidido menos en la exigencia de responsabilidades ni han señalado nombres concretos. Joseba Agirretxea, del PNV, se ha centrado en denunciar «la cobardía» de quienes se niegan a dar explicaciones sobre un tema que es «un desastre» que debe ser «solucionado y respondido políticamente».
«No se puede tapar lo que ya huele muy mal». Por parte de Bildu, Jon Iñarritu se ha centrado en reprochar al Gobierno sus cambios de posición sobre el caso Pegasus, primero negando el espionaje a independentistas, luego admitiendo casos concretos con autorización judicial, para acabar presentándose como víctima. Eso sí, ha acusado al Ejecutivo de tener «una doble vara de medir» cuando, a su juicio, «todos los casos son graves».
Para Mireia Vehí, de la CUP, la posición del Gobierno desde que se publicó el caso es «confusa», por las distintas versiones, y ha empezado a lanzar preguntas sobre el espionaje, lo que ha motivado la intervención del presidente de la comisión, José Antonio Bermúdez de Castro, recordando que los interrogantes concretos no pueden ser contestados públicamente por la ministra, sino que deben hacerse en la Comisión de Gastos Reservados, que este jueves recibe a la directora del CNI. «Ministra, hay una tormenta ahí fuera ¿Hasta cuándo va a aguantar?», ha incidido. Por su parte, Josep Pagès, de Junts, ha subrayado que no le interesa tanto «la sucesión de relatos» del Gobierno, sino «esclarecer los hechos», que apuntan a graves vulneraciones de derechos.