La Audiencia Nacional ha confirmado el fin de la instrucción del denominado caso Dina, sobre el supuesto robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015, y ha rechazado la petición de Vox de imputar en el procedimiento al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. La sección tercera de la Sala de lo Penal ha avalado el criterio del juez Manuel García Castellón, que dio por zanjada el pasado 29 de enero la investigación sobre la sustracción de la tarjeta del móvil y su posterior periplo, que constituye una de las piezas del llamado caso Tándem o Villarejo.
Esa resolución fue recurrida tanto por el propio Pablo Iglesias y Dina Bousselham, como por Vox, que ha actuado como acusación popular en esta causa, y quien solicitó seguir investigando los hechos y citar como imputado al exlíder de Podemos. Una declaración que la Sala considera «impertinente» dado que el informe pericial encargado por el juez sobre los daños que presentó la tarjeta del móvil de Bousselham cuando la recuperó impedía atribuir «la autoría» de esos daños a Iglesias, algo que, en su opinión, «queda absolutamente descartado».
Según aquel informe, que determinó la imposibilidad de acceder a la tarjeta de memoria, el daño a la tarjeta fue «accidental o deliberado no evidente, pero no intencionado de forma evidente». El hecho de que Iglesias tuviese acceso a la tarjeta -se la dio el presidente del grupo Zeta, Antonio Asensio-, «sin ningún otro elemento indiciario» y sin poder determinarse la producción de daños o siquiera determinar cuándo se accedió a su contenido hace «impertinente», a juicio de la Sala, la declaración del exvicepresidente.
Y recuerda que Bousselham ya dejó claro que no denunciaba a Iglesias dado que contaba con su confianza y estaba autorizado para ver el contenido de su móvil. En el mismo auto el tribunal rechaza expulsar a Vox del procedimiento, como pedían Bousselham e Iglesias.
Esta misma sección ha dictado otro auto, relativo a la pieza número 4 del caso Villarejo en la que se investiga el supuesto encargo de los hermanos navieros Pérez-Maura al excomisario con el objetivo de evitar la extradición de uno de ellos, Ángel, a Guatemala. Los magistrados desestiman el recurso del fiscal contra la decisión del juez instructor de levantar la prohibición de salir de España y de restituir el pasaporte al investigado Álvaro Pérez Maura, a quien le impuso comparecencias mensuales en el juzgado.