La nueva ley del aborto, que este martes ha sido sometida a votación y aprobación por parte del Consejo de Ministros, sustituirá al concluir su periplo parlamentario a la vigente en la actualidad del año 2010, la misma norma que el Partido Popular (PP) impugnó ante el Tribunal Constitucional (TC) hace un buen puñado de años. Mientras la izquierda lamenta que con la nueva ley del aborto del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos se ha perdido la oportunidad de abordar bajadas tributarias a los productos de higiene femenina las organizaciones provida avisan de una supuesta desprotección a las mujeres más jóvenes. Estas son las diez claves de la nueva norma que regula la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país:
Un derecho garantizado por el sistema público de salud. A partir de ahora aquella mujer que decida hacerlo podrá abortar en un hospital público. Hoy en día algunos territorios tienen dificultades para garantizar esta cobertura sanitaria a las mujeres, puesto que un importante número de especialistas son objetores de conciencia.
Las menores no requieren de autorización. Las chicas de 16 y 17 años podrán decidir abortar sin necesidad de aportar para ello un consentimiento paterno, algo que era necesario a raíz de una de las modificaciones realizadas por el gobierno del Partido Popular a esta normativa siempre envuelta de polémica.
El Estado se hace cargo de la baja por regla incapacitante desde el primer día. Las reglas que impiden a las mujeres ejercer su trabajo con normalidad serán amparadas por la Seguridad Social desde el minuto uno.
Salud menstrual accesible y para todas. El texto dedica un apartado completo a los derechos relativos a salud menstrual y prevé que en los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos o centros sociales se repartan gratuitamente productos como tampones, compresas o copas menstruales para así acabar con la pobreza menstrual.
Menos trabas a la píldora del día después. Este anticonceptivo de emergencia se dispensará de forma gratuita en los centros de salud y otros que impartan servicios de salud sexual y reproductiva. Este producto farmacéutico actualmente cuesta unos 20 euros en la farmacia.
Más amparo a la objeción de conciencia. Siguiendo la senda iniciada por la Ley de Eutanasia, aquel profesional médico, facultativo o sanitario que se declare objetor lo será de aplicación tanto en la sanidad pública como en la privada, una fórmula que busca garantizar que siempre haya personal disponible para realizar dichas interrupciones voluntarias del embarazo.
La piedra angular de la educación sexual. Será integral en las principales etapas educativas, y se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica; asimismo se formará de forma específica en educación sexual y menstrual a profesores y profesoras, funcionarios y funcionarias de prisiones, y trabajadores y trabajadoras públicos.
Prevención en los centros educativos. Como parte de la estrategia expuesta en el punto anterior se repartirán de forma gratuita métodos anticonceptivos en centros educativos, una acción vinculada a campañas específicas sobre educación sexual.
Buenas prácticas en todo el embarazo. Con especial atención en el parto y el postparto. Asimismo se prevé la incorporación de una baja preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.
Gestación subrogada. La norma no perseguirá a las parejas que recurran a este método en otros países, aunque sí declara esta práctica como violencia reproductiva contra la mujer. También recoge otras violencias contra las mujeres relacionadas con este tema, como la esterilización forzosa para las mujeres con discapacidad o el embarazo y aborto forzoso.