Inflación galopante: dícese de aquella producida por los precios disparados en tasas anuales de dos dígitos, por ejemplo, un 15 o un 30 %, precisamente el margen que han subido numerosos productos tanto en Baleares como en España en su conjunto y el horizonte al que nos acercamos peligrosamente en caso de que no cambien las cosas. Otros tantos productos han experimentado encarecimientos incluso superiores, lo que está obligando a muchos hogares a hacer malabares para llegar a fin de mes. Ante este escenario económicamente preocupante se antoja una pregunta básica. ¿Qué margen tienen los distintos actores de la economía en España y qué se ha hecho para mejorar la situación de consumidores y trabajadores?
Dependiendo del ámbito, cada cual tendrá un mayor o menor grado de responsabilidad. En lo alto de la cadena hablando en términos macro tenemos al Banco Central Europeo (BCE). Su presidenta, Christine Lagarde, desveló hace poco que la reunión del Consejo de Gobierno prevista para el próximo mes de julio será el momento oportuno para acometer la primera subida de los tipos de interés de la zona euro en más de una década, quedando en condiciones de dejar atrás las tasas de interés negativas para finales del tercer trimestre, una normalización de la política monetaria que ha llevado al Euríbor a encadenar fuertes subidas desde que comenzó el año, pasando de cerrar diciembre de 2021 con una tasa mensual del -0,502 % a marcar un valor positivo del 0,013 % el pasado mes de abril.
En este sentido el Banco de España ha confirmado que el Euríbor a doce meses escaló en mayo al 0,287 %, tras haber dejado atrás el terreno negativo en abril por primera vez en más de seis años, lo que propiciará un encarecimiento de las hipotecas variables referenciadas a este índice. El Euríbor, anclado en el terreno negativo desde 2016 por la política ultraexpansiva del BCE para apuntalar la recuperación en la zona euro, continúa su escalada tras el cambio de discurso del organismo europeo, que subirá próximamente los tipos de interés para hacer frente a la escalada de la inflación, una senda por la que se encamina ya desde la etapa final de la pandemia de coronavirus.
El fin de los tipos bajos
La inflación en máximos históricos en la eurozona ha acelerado un cambio de rumbo, lo que se ha traducido en mayor volatilidad en los mercados y nerviosismo entre los inversores, preocupados por el impacto que pueda tener en la economía el alza de precios. De este modo existe debate en el seno del BCE por la magnitud de la subida, a la que no solo contribuye el alto precio actual de la energía, y mientras países centroeuropeos se muestran partícipes de un incremento de cincuenta puntos de una sentada, los representantes de los estados sureños como Italia o España solicitan una mayor gradualidad por su elevado endeudamiento público y también privado. En este sentido Pablo Hernández de Cos, miembro del Consejo de Gobierno y del Consejo General del BCE, afirmó que el ente bancario comunitario no debe comprometerse de antemano con ninguna senda específica de tasas de interés debido a la actual incertidumbre económica y geopolítica. En este sentido, los intereses al alza pueden contribuir a atemperar el ritmo económico pero también tienen un efecto de vaciado de los bolsillos de los hipotecados.
Y el Gobierno. Qué ha hecho el ejecutivo de Pedro Sánchez para paliar los altos precios que los consumidores sufren. Este pasado miércoles conocimos la prórroga hasta el 30 de septiembre del paquete de ayudas que se aprobó por valor de 16.000 millones de euros con cargo al erario público para paliar los efectos de la guerra, que se componen de 6.000 millones en ayudas y rebajas fiscales y otros 10.000 millones en una nueva línea de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). También se extiende el plazo de vencimiento de los ya aprobados y el plazo de carencia para sectores más afectados.
Para ayudar al transporte por carretera y alejar la posibilidad de un paro general esta medida contempla la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible repostado, extendida a todos los consumidores, y 450 millones en ayudas directas. Otros sectores beneficiarios de ayudas concedidas por el ejecutivo son el agrario, el pesquero y la industria, con subvenciones directas para las gasintensivas, una rebaja de peajes en la factura energética y la ampliación de compensaciones por los costes de emisión de dióxido de carbono (CO2). También contempla una limitación temporal de las subidas del alquiler hasta el 2 % y la limitación para despedir por causas objetivas por aumento de los costes energéticas para empresas que reciban ayudas públicas o se acojan a medidas extraordinarias de protección al empleo. Asimismo, aumentan las cuantías en un 15 % del ingreso mínimo vital, se amplían los supuestos para acceder a los descuentos del bono social eléctrico, se prorrogan otros tres meses más las rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y se adoptan medidas para acelerar el despliegue de instalaciones renovables y facilitar el autoconsumo, entre otras.
La experiencia de la pandemia
Se trata de medidas, según han afirmado desde dentro del mismo ejecutivo, que siguen la senda del paraguas social inaugurado por los ERTE en los tiempos del coronavirus. Sin embargo, la parte negativa es su elevado coste y el progresivo aumento de la deuda que conlleva. Solo la medida de bonificar el repostaje de combustible tiene un coste de 2.000 millones de euros por trimestre, tal y como ha reconocido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Finalmente, cuál es el margen de maniobra en los centros de trabajo y empresas. O mejor dicho, qué pueden hacer los empresarios para mejorar la situación más allá de las palabras del secretario de Estado de Empleo, que pidió a los hosteleros aumentar los salarios si querían disponer de trabajadores suficientes y dispuestos en plena temporada alta. Sobre esto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, solicita precaución, y prefiere no abrir el melón de descentralizar organismos del Estado que según su parecer provocaría duplicidades.
Según el Instituto de Estudios Económicos ciertas mejoras de eficiencia y optimizaciones para evitar duplicidades comportarían un ahorro en España de hasta 60.000 millones de euros. Garamendi, que no dice nada sobre amortiguar los balances empresariales y reducir márgenes de ganancias –en algunos sectores sus resultados están siendo históricos mientras los asalariados no dejan de perder poder adquisitivo–, sí pide no caer en «populismos». Respecto a las mencionadas subidas salariales llama a «ponerse las pilas» entre todos y «tirar para adelante», lo que se antoja una forma de decir 'confórmense con lo que hay' porque vienen curvas.
En relación a las últimas palabras del representante empresarial vale la pena recuperar otras más recientes de la propia Christine Lagarde: la necesidad de avanzar hacia la armonización y homogeneización de los estándares de sostenibilidad y permitir la mayor convergencia posible a nivel internacional es capital en un momento capitalizado por las sanciones a Rusia y sus consecuencias económicas a todos los niveles; consecuencias que nadie sabe a ciencia cierta hasta dónde pueden abarcar. Asimismo, la presidenta del BCE pide estimular la cooperación entre el sector público y el privado para avanzar en el desarrollo de tecnologías de la transición verde que impulsa la Comisión Europea, y con el debido grado de incertidumbre que se desprende de la conciencia de que la mitad de esas tecnologías claves para cumplir los objetivos de París «aún no se han inventado».