El pleno del Congreso debate a partir de las diez de la mañana el centenar largo de propuestas de resolución, hasta 138, que los grupos parlamentarios han presentado a partir del debate del estado de la nación celebrado en los dos últimos días, y en las cuales recogen sus principales demandas surgidas de esta cita. Cada grupo parlamentario dispondrá de quince minutos para exponer a la cámara el contenido de sus iniciativas, tramitadas a modo de mociones, y que pueden ser objeto de enmiendas transaccionales, para lo cual dispusieron de un plazo que venció anoche, después de que las respectivas formaciones hubieran registrado sus iniciativas.
A primera hora de la mañana de hoy, antes de la sesión plenaria, la Mesa calificará esas modificaciones y si reciben el visto bueno podrán ser incorporadas a las votaciones, eso sí, siempre que el grupo autor de la propuesta acepte que se incluya la modificación. La votación, no obstante, no se producirá hasta que finalice un pleno que se prevé largo, pues a la discusión de las propuestas sucederá el debate de varias iniciativas legislativas importantes, como la Ley de Memoria Democrática o la reforma para facultar al CGPJ a elegir a los magistrados que le corresponde designar en el Tribunal Constitucional. En sus iniciativas registradas, los grupos abordan todo tipo de cuestiones, entre las que destacan las de ámbito institucional, económico y social. No tienen carácter vinculante ya que se trata de demandas que el Congreso hace al Ejecutivo.
El PSOE, grupo mayoritario, pone negro sobre blanco todos los anuncios que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho en el debate de política general, como el impuesto a la banca y las eléctricas. El grupo popular, en 81 páginas de propuestas, defiende sus recetas para tratar de atajar la inflación, como la deflactación del IRPF a rentas medias y bajas, y reclama unos presupuestos para el próximo año «realistas» y «eficaces» ante la crisis, sin olvidar medidas referidas al sistema energético para contener los precios. Vox reclama devolver al Estado las competencias en materias como la sanidad, la educación, la justicia y la seguridad, así como la supresión de las policías autonómicas y la derogación de la Ley de Violencia de Género.
El PNV pide cambios constitucionales para reconocer la «plurinacionalidad» del Estado, algo en lo que coincide con ERC, Bildu y el BNG, que en varias propuestas conjuntas insisten en reclamar este mismo reconocimiento, instando además al Gobierno a asumir la naturaleza política de los «conflictos nacionales» en el seno del Estado y a respetar la «voluntad ciudadana libremente expresada». Estas tres formaciones independentistas también solicitan derogar el delito de injurias a la Corona y amnistiar a los perseguidos o condenados por este delito. Por su parte, Ciudadanos pide cambiar la Constitución para que no distinga entre «nacionalidades y regiones», un pacto nacional para regular la gestación subrogada, la legalización del consumo del cannabis o un marco regulador para la prostitución.