En octubre de 2020, en lo más crudo de la pandemia y con la legislatura aún en sus inicios, PSOE y Unidas Podemos pactaron poner en marcha la ley de vivienda a lo largo del año siguiente. Pero, casi dos años después, la norma no ha sido aún publicada en el BOE y el Gobierno se irá de vacaciones sin acuerdo con sus socios para sacarla adelante en el Congreso, donde se encuentra bloqueada desde febrero a la espera de que fructifique la negociación. Y al Ejecutivo no le sobra el tiempo: en el plan de recuperación pactado con la UE se prometió a Bruselas que la ley de vivienda estaría en vigor, como tarde, el 30 de septiembre, lo que deja menos de dos meses para finiquitar la tramitación parlamentaria.
La negociación de la ley de vivienda ha sido peliaguda desde el principio, y buena prueba de ello es que PSOE y Unidas Podemos tardaron todo un año en acordar un texto conjunto, pese a que se habían fijado un plazo inicial de cuatro meses para redactarlo. Tras pasar por el Consejo de Ministros, el proyecto de ley llegó al Congreso en febrero y superó en marzo su primer escollo parlamentario. Pero desde ahí, parálisis: desde abril, cuando se cerró el plazo para presentar enmiendas, los grupos no han sido capaces de consensuar aún un documento conjunto.
Y es que los cambios que reclaman los socios son variados en una ley que, ya de por sí, está construida en un frágil equilibrio que a PSOE y Unidas Podemos les costó muchos meses de negociación alcanzar. El aliado parlamentario que más reservas está mostrando es ERC, que precisamente es uno de los partidos clave para que el Gobierno alcance la mayoría en el Congreso que le permita que la norma salga adelante. Tanto es así que, en marzo, el Ejecutivo salvó el intento de PP, Vox y Cs de derribar el texto a las primeras de cambio únicamente gracias a un pacto de ultimísima hora con los republicanos, que denunciaban que el proyecto de ley invade las competencias autonómicas.
En ese debate, ERC espetó que la norma elaborada por el Gobierno "no respeta la competencia en materia de vivienda, asumida por las comunidades autonómicas de forma exclusiva" y advertía al Ejecutivo de que, "por ese motivo", el hecho de que ERC permitiera que la norma siguiera tramitándose "no supone en ningún caso" que vayan a apoyarla cuando se vote su aprobación definitiva. La diputada republicana Pilar Vallugera fue muy clara: ERC no compromete su "voto futuro más que al cumplimiento de los acuerdos planteados, a la no invasión competencial y al avance de los derechos sociales".
ERC quiere blindar las competencias catalanas
En esa línea, las enmiendas presentadas por la formación independentista catalana buscan que la ley de vivienda estatal no regule aspectos que, a juicio de ERC, son competencia exclusiva de la Generalitat y el resto de gobiernos autonómicos. Los republicanos, por ejemplo, proponen que la norma deje expresamente claro que "las comunidades autónomas que sean competentes en materia de vivienda y derecho civil, foral o especial, podrán regular íntegramente los contratos de arrendamientos urbanos", lo cual, entre otras cosas, ampararía la ley catalana de vivienda, parcialmente invalidada por el Tribunal Constitucional el pasado marzo.
No obstante, ERC también busca ampliar algunas de las cláusulas de protección a los inquilinos que recoge el proyecto de ley. En este sentido, los republicanos quieren que la prórroga automática de los contratos de alquiler sea durante siete años cuando el casero sea una persona física -actualmente son cinco años- y de doce años cuando el arrendador sea una empresa -el periodo actual es de siete años-. Asimismo, ERC plantea eliminar el plazo de 18 meses que incluye la ley para que el mecanismo de regulación de los alquileres contenido en ella entre en vigor.
Los republicanos quieren, de hecho, endurecer este mecanismo que a PSOE y Unidas Podemos les costó meses pactar y que, al ser la joya de la corona de la norma, también fue el principal factor que retrasó el acuerdo en el seno del Gobierno. Entre otras cosas, ERC quiere robustecer el control de precios en zonas tensionadas en detrimento de los incentivos fiscales a los propietarios que pongan sus pisos en alquiler, una medida incluida por la presión del PSOE en la negociación con Unidas Podemos. ERC apuesta por que los caseros puedan deducirse como máximo un 80% de los ingresos que consigan por el arrendamiento, frente al 90% del proyecto de ley original.
Las enmiendas de Unidas Podemos
No obstante, no solo ERC ha presentado enmiendas que están retrasando el acuerdo para impulsar la ley de vivienda. Unidas Podemos también quiere impulsar varios cambios de calado en el proyecto, pese a que es coautor del mismo junto al PSOE, y entre esas modificaciones se incluye una que ya fue imposible de pactar en su momento con los socialistas, por la cual todos los propietarios, tanto grandes como pequeños, estarían obligados a rebajar el precio de sus alquileres -y no solo a congelarlo- cuando los pisos se encuentren en zonas declaradas como de mercado tensionado.
Este cambio que quiere realizar Unidas Podemos es clave, ya que supone ampliar enormemente el alcance de la regulación de los arrendamientos. En la negociación que tuvo lugar en el seno del Gobierno para diseñar la ley de vivienda, el PSOE se resistió hasta el final a establecer medidas que obligaran a rebajar los precios a los pequeños propietarios que alquilan sus pisos en zonas especialmente tensionadas. De hecho, lo que finalmente se pactó es que esta rebaja solo sería obligatoria para los fondos y empresas cuyo negocio es el alquiler: las personas físicas, tuvieran los pisos que tuvieran, solo estarían obligadas a congelar los precios, pudiendo elevarlos incluso un 10% en determinadas circunstancias.
En el paquete de enmiendas presentado por los morados también se incluye la exigencia de que los grandes tenedores de vivienda estén obligados a poner el 30% de sus pisos en régimen de alquiler social regulado. Unidas Podemos plantea que estos grandes tenedores -que la ley define como las empresas con más de diez inmuebles- podrían "sustituir total o parcialmente esta obligación por la cesión de las viviendas en favor de las administraciones competentes para su gestión por parte de estas últimas para alquiler social por un periodo de tiempo" determinado.