El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa abierto a una posible modificación del delito de malversación en el Código Penal, aunque ha pedido esperar a la tramitación de enmiendas a la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados para derogar el delito de sedición. Al ser preguntado al respecto en repetidas ocasiones durante la rueda de prensa ofrecida en Bali (Indonesia) tras la celebración de la cumbre del G20, Sánchez en ningún momento ha negado que quiera tocar el delito de malversación.
Además, ha negado que esta reforma vaya a suponer un desmantelamiento del Estado de Derecho porque los delitos cometidos en Cataluña en 2017 siguen presentes en el Código Penal y además la Constitución tiene instrumentos para defenderse como el artículo 155. Sánchez ha reiterado que van a esperar a conocer el contenido de esas enmiendas y «se debatirá entonces», pero que ahora «no corresponde debatir sobre algo abstracto», ha apuntado.
Para el presidente, lo importante en este momento es iniciar el debate en las Cortes de la propuesta del Gobierno que plantea eliminar el delito de sedición y sustituirlo por uno de desórdenes públicos agravados. «Si hay otras fuerzas que quieren incorporar otros elementos se debatirá entonces», ha indicado. Será en el momento en que se inicie la tramitación parlamentaria cuando conozcan exactamente los términos de las enmiendas y pueda mostrar su posicionamiento pero en este momento sería hablar «sobre hipótesis», ha apuntado, por lo que de momento no se puede pronunciar. Sánchez ha pedido por tanto «dejar trabajar a los grupos» parlamentarios y ha sostenido que el Gobierno y él mismo han cumplido su compromiso «reiterado en varias ocasiones en el Parlamento y ante los medios», ha afirmado.
En este sentido, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián adelantó este martes que su formación y el PSOE ya estaban negociando reformar el delito de malversación, eso sí, vinculado solo al de sedición y no a prácticas de corrupción. Tanto sedición como malversación fueron los tipos penales por los que fueron condenados los líderes del proceso independentista en Cataluña. Así Rufián indicó que la supresión del delito de sedición se negoció «hace tiempo» con el PSOE y que esas conversaciones continúan para retocar el de malversación en lo que hace referencia al uso de dinero público para esas protestas, pero no a prácticas de corrupción. «Esa es la clave y por eso hay que ser quirúrgico», indicó.
Sin embargo ni desde el PSOE ni desde el Gobierno han confirmado estas conversaciones por el momento. El jefe del Ejecutivo se ha mostrado sorprendido de que ya se esté hablando de enmiendas y de la posible reforma de la malversación cuando el Congreso ni siquiera ha tomado en consideración la proposición de ley presentada por los grupos que forman el Gobierno de coalición. Por tanto ha reiterado que por ahora desconocen cuáles son esas enmiendas que se van a presentar pero ha querido recordar «el propósito» de la propuesta de modificación del Código Penal presentada por el Gobierno.
De este modo ha señalado que cuando llegó a La Moncloa heredó «un problemón de convivencia en Cataluña» y que hoy nadie duda de que la situación en esta comunidad es mejor que en 2017, cuando se produjo el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia. A su juicio, lo que está haciendo el Gobierno con la supresión del delito de sedición y su sustitución por el de desórdenes públicos agravados, que conlleva una importante reducción de las penas de prisión, es «dar un paso más y avanzar hacia la concordia entre catalanes», ha expresado.
El presidente, además, ha defendido sus medidas y ha negado que supongan un desmantelamiento del Estado de Derecho. Según ha argumentado, los delitos que se cometieron en 2017 por los dirigentes independentistas «continúan tipificados pero con penas que se homologan a las principales democracias europeas». Así, ha indicado que el Estado de Derecho continúa teniendo instrumentos para protegerse y que «cuando no se modificaron» -en referencia al año 2017 cuando gobernaba el PP- «no importaron al movimiento independentista para aprobar la DUI y las leyes de desconexión», ha sostenido. También ha subrayado que la Constitución española tiene instrumentos para defenderse «de ataques que la violenten» como «el artículo 155» que supone la intervención del gobierno de una comunidad autónoma desde el Ejecutivo Central. Finalmente ha defendido que la política también tiene sus instrumentos y estos pasan por el diálogo, la negociación y el acuerdo.