Aumentan las críticas desde la propia izquierda hacia Montero

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se enfrenta esta semana a una cascada de duras críticas por parte del sector judicial. La conocida como 'ley del sí es sí', uno de sus proyectos estrella de la legislatura, ha derivado en un efecto contrario al que se esperaba: la reducción de penas a algunos condenados por agresión sexual. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales o la Asociación Judicial Francisco de Vitoria han sido algunas de las organizaciones judiciales que han recriminado a la ministra, no solo por su ley fallida sino por sus declaraciones, al día siguiente de conocerse sus efectos, cuando acusó a los propios jueces de hacer mal su trabajo: «Puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. [...] Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo la ley», declaró Montero.

Ante el escándalo de la rebaja de penas a la que ha dado pie la ley, la línea que ha seguido Podemos ha sido el cierre de filas entorno a Montero: defienden su actuación como ministra responsable y niegan la existencia de informes previos que ya alertaron sobre las consecuencias. Sin embargo, la estrategia no ha podido acallar algunas voces discrepantes dentro de la formación morada, como la del vicepresidente de Baleares Juan Pedro Yllanes (juez en excedencia), que en declaraciones a Onda Cero este jueves criticó las palabras de la ministra hacia los magistrados: «Me ha parecido erróneo porque creo que no se puede generalizar de ninguna de las maneras». En cuanto a la reducción de penas llevada a cabo por los jueces, consideró que «no es cuestión de jueces machistas, sino de jueces profesionales aplicando la ley», según manifestó esta semana en la asamblea nacional de la asociación judicial Francisco de Vitoria.

Mónica García, portavoz de Más Madrid y exdirigente de Podemos, consideró ante los periodistas en los pasillos del Parlamento de la Comunidad de Madrid, que Montero debería cambiar la ley: «Cuando tú haces una ley con una intención, de la misma manera que cuando pones un tratamiento y los efectos secundarios no son lo que esperabas y no está acorde con el espíritu de la ley, creo que habría que cambiar la ley igual que cuando se cambia de tratamiento o de dosis. Se ha abierto una puerta que no se quería abrir». Una des más duras con respecto a la ley y la actuación de Montero ha sido Clara Serra, exdiputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. En un hilo de Twitter exponía que la 'ley del sí es sí' «es el resultado de la improvisación, las prisas y la falta de escucha de los informes expertos que, aunque vinieran de la judicatura progresista, se han calificado como machistas por parte del Ministerio. [...] no se trata de un estás conmigo o contra mí, sino de qué políticas no benefician a las mujeres y a la sociedad en su conjunto».

Una de las que todavía no se ha pronunciado ha sido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Desde que estallara la polémica a principios de semana no ha mostrado ni apoyos ni críticas a su compañera. Fuera de las filas de Podemos, en el PSOE ha habido críticas, aunque no en demasía. Figuras como Margarita Robles (PSOE), ministra de Defensa -y por tanto compañera de Montero en el Ejecutivo de Sánchez-; el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien pidió que la ministra Montero «rectificara» sus palabras ante los jueces o el secretario del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, que exigió «una reflexión inmediata». Pese a ello, Pedro Sánchez, ahora de regreso de la cumbre del G-20 en Bali y de una visita relámpago por Corea del Sur para tratar de pactar la implantación de una fabrica de microchips en España, aún no ha pronunciado palabra acerca del escándalo que sacude la actualidad española estos días.