La Comisión Europea presentó una propuesta legal para crear un tope de emergencia al precio del gas en el mercado de futuros TTF, que los Veintisiete debatirán este jueves en un consejo extraordinario de energía en Bruselas y que empezaría a funcionar el 1 de enero de 2023. El tope se activará si se cumplen dos condiciones: que el precio de los futuros de gas en el TTF a un mes rebasen los 275 euros por megavatio/hora (MWh) y que este incremento muestre una divergencia de más de 58 euros respecto a otros índices internacionales o en el mercado de gas natural licuado (GNL).
«No es una intervención para fijar los precios del mercado a un precio artificialmente bajo. Es un mecanismo último recurso para prevenir niveles de precios excesivos no alineados con los precios globales», declaró en rueda de prensa la comisaria europea de Energía, Kadri Simson. El tope toma como referencia el pasado mes de agosto, cuando los países de la UE se apresuraban a comprar gas para llenar sus depósitos antes del invierno y el TTF marcó un récord de 349 euros/MWh. Ahora ha caído hasta los 116 euros/MWh, lejos aún de los 15 euros de hace dos años.
En relación a este anuncio, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha pronunciado en el Senado, donde ha asegurado que el Gobierno se opondrá a esta iniciativa dado que, en su opinión, para establecer ese límite «es mejor no hacer absolutamente nada». «Esta misma tarde, mientras estábamos aquí (en el Senado), la comisaria (de energía europea) Kadri Simson ha anunciado que ese precio máximo al gas natural que queremos que nos proponga de forma regulada la Unión Europea (UE) debe estar alrededor de 275 euros el megavatio hora».
«Nosotros nos vamos a oponer con contundencia, con rotundidad, nos parece que para esa referencia (de precio) es mejor no hacer absolutamente nada» ha valorado la ministra. En concreto, la Comisión Europea ha propuesto este martes fijar un tope de 275 euros el megavatio hora (MWh) al precio de las compras de gas que se activará automáticamente ante excepcionales subidas de precios y que limitará, a un mes vista, las transacciones en el mercado regulado, si bien el mecanismo contará con un freno de emergencia para su suspensión en caso de que perturbe gravemente los mercados. Este mecanismo de corrección del mercado establecerá el tope con un mes de antelación a los productos del mercado de futuros holandés TTF, que se utiliza como índice de referencia para el precio del gas en toda la UE.
El tope se activará si la base del precio neerlandés alcanza este precio máximo y solo si la subida de precios no se corresponde con un incremento similar en el mercado mundial, con el que se deberá dar también una diferencia de 58 euros o más respecto a la media global durante dos semanas, según ha confirmado Simson en rueda de prensa. No obstante, la medida no incluye a los mercados no regulados (OTC). El objetivo de Bruselas es «lograr un efecto inmediato» en el mercado aunque el mecanismo lleva implícita la posibilidad de ser suspendido si provoca «graves perturbaciones».
Además, el límite de precios se desactivará automáticamente si una revisión mensual muestra que ya no se dan las condiciones para su aplicación. «Me parece que esa propuesta es manifiestamente rechazable por todos lados. Ni el modo en el que se ha presentado el diseño de esa medida, ni el precio tope, ni la aplicación de las dos condiciones simultaneamente nos parece que resuelva nada», ha valorado Ribera ante la prensa en los pasillos del Senado. «Me parece que es una propuesta formal que no se ajusta a lo que le hemos pedido los estados miembros, así que calculo que (...) se va a encontrar una oposición firme de la mayoría de estados miembros. No creo que sea algo que pueda resolver en absoluto la situación actual, al contrario, da alas a mayor especulación y a mayor precio de ventas, así que batallaremos en contra», ha añadido la ministra.
En el Pleno del Senado Ribera ha contestado, entre otras, a preguntas de la senadora del PNV María Mercedes Garmendia sobre distintos aspectos de la política energética del Gobierno, como la retribución a la cogeneración o la reforma la tarifa eléctrica regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Sobre ello, Ribera ha contestado que la reforma del PVPC «será clave», al igual que, a su juicio, lo han sido las del sistema de cogeneración realizadas «a propuesta de las asociaciones de cogeneración, que no han sido suficientes incluso aunque hayan sido ellos mismos» los que han planteado lo que el Gobierno ha hecho en esta materia.