El pleno del Congreso ha aprobado este jueves los gravámenes temporales a la banca, las energéticas y las grandes fortunas, que se recaudarán de manera extraordinaria en 2023 y 2024 con cargo a los ejercicios previos para hacer frente al actual contexto inflacionario. El Gobierno de coalición cuenta con los votos a favor de EH Bildu, ERC, Compromís, Más País, BNG y PRC, mientras que PP, Cs y Vox se han posicionado en contra, en un debate ideológico entre quienes creen que la pobreza se reduce creando más riqueza y los que defienden que hay que hacerlo transfiriendo rentas desde quienes más tienen a los más vulnerables.
En un plano intermedio más pragmático se han situado PNV y PDeCAT, que se abstienen porque, aunque comparten la filosofía de estos impuestos, consideran que su deficiente diseño los aboca a la nulidad y a devolver lo recaudado «con cargo a la ciudadanía a la que ahora se quiere proteger», en palabras de la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal.
«Cuando los tribunales resuelvan negativamente, que nadie diga que los tribunales trabajan para los ricos», ha advertido Ferrán Bel del PDeCAT. «Suya y solo suya será la responsabilidad política y patrimonial del enorme perjuicio que causarán al presupuesto de todos españoles», ha dicho en un tono más duro Gabriel Elorriaga del PP, después de que Cs y Vox también hayan incidido en las dudas sobre la constitucionalidad de los tres gravámenes. El de la banca y el de las energéticas porque no gravan los beneficios extraordinarios sino el margen operativo y la facturación, respectivamente, y el de las grandes fortunas por constituir en la práctica un tipo estatal no bonificable del impuesto sobre el patrimonio que interfiere en la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
Entre quienes se han posicionado a favor de los impuestos están EH Bildu o ERC que creen que se quedan cortos y que deberían implantarse con carácter permanente, si bien EH Bildu pactó durante la tramitación en comisión que dentro de dos años se hará una evaluación por parte del Gobierno para decidir si se mantienen. También con EH Bildu se acordó en comisión que las haciendas forales del País Vasco y Navarra gestionen los gravámenes a la banca y las energéticas, aunque en realidad no tienen cabida ni en el concierto vasco ni en el convenio navarro porque no son figuras tributarias sino prestaciones patrimoniales en forma de impuesto.
«No van a poder recaudarlos ni gestionarlos. Quien recaudará será el Gobierno español y lo que hará la Comisión Mixta de Concierto será negociar una determinada compensación económica», ha aclarado Sagastizabal del PNV. La diputada vasca, que ha lamentado que en los últimos días no ha habido disposición a negociar más cambios, ha recordado que la semana pasada, junto con PDeCAT, lograron que no computen a efectos del gravamen a las energéticas tanto las tarifas reguladas de luz, gas y butano como los ingresos obtenidos de redes de transporte y distribución de electricidad y gas.
Asimismo, se excluyó del pago a todos los ingresos obtenidos por instalaciones de generación con retribución regulada y retribución adicional en territorios no peninsulares, incluidos los del mercado, así como toda la facturación obtenida fuera de España. De la ausencia de negociación se ha quejado la portavoz de CC Ana Oramas, que solo ha planteado una enmienda para que los ingresos procedentes de la distribución de butano y gasolina a las islas canarias no capitalinas no computen a efectos del gravamen sobre las energéticas.