El PP estudiará la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional el decreto ley que el Gobierno aprobó el pasado martes sobre incentivos a la contratación laboral y la mejora de la protección social de las personas artistas, ya que aprecia «mimbres de inconstitucionalidad» al tramitar por la vía de urgencia unas medidas cuya entrada en vigor no es automática, sino que se prevén aplicar dentro de seis o incluso nueve meses.
El Grupo Popular viene denunciando el «deterioro de la calidad legislativa» que a su juicio se viene produciendo con el Gobierno que preside Pedro Sánchez, al que acusan de abusar de la vía del decreto ley y de las proposiciones de ley para ahorrarse informes de órganos consultivos y limitar el margen de maniobra de la oposición.
Según los datos que maneja la dirección del grupo parlamentario del PP, el Gobierno de Pedro Sánchez lleva aprobados 135 decretos leyes (42 cuando gobernaba en solitario y 93 en coalición con Unidas Podemos), lo que se supone la cifra más alta de todos los presidentes del Gobierno desde la Constitución. La vía del decreto ley, reservada para asuntos de urgencia, otorga al Gobierno todo el protagonismo legislativo, no le obliga a pedir informes a órganos consultivos y le ahorra la negociación de enmiendas con la oposición.
El último ejemplo ha sido este decreto ley del Ministerio de Trabajo, donde el PP no aprecia motivos de urgencia ya que algunas de sus medidas no se van a aplicar hasta dentro de seis o nueve meses, tiempo más que suficiente para haber tramitado un proyecto de ley con todas las garantías parlamentarias. De hecho, la prestación para artistas no se podrá solicitar hasta el 1 de julio y el cambio completo de los incentivos a la contratación está programada para después del verano.
Hasta ahora, el PP ha recurrido ocho decretos leyes del Gobierno Sánchez por esa urgencia no justificada, y el TC ya le ha dado la razón en cuatro de ellos. Todo apunta a que este último decreto de Trabajo, si finalmente es convalidado por el Congreso acabará también en el TC. Pero el abuso de los decretos leyes no es la única critica que hace el PP.
También censura que el Gobierno, en vez de preparar proyectos de ley con sus correspondientes informes preceptivos, encargue a sus grupos parlamentarios que presenten proposiciones de ley y así se ahorra tiempo y eviuta recabar la opinión de organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado. Según sus cuentas, por esta vía el PSOE y Unidas Podemos han impulsado hasta nueve proposiciones de ley sobre temas tan relevantes como las competencias del CGPJ, el aborto, la supresión del delito de sedición, los impuestos a energéticas y banca, o la eutanasia.
El resultado de este tipo de iniciativas de los partidos del Gobierno es que el Código Penal se ha reformado ya varias veces en lo que va de legislatura sin que se haya pedido informe alguno al CGPJ, ni al Consejo de Estado ni al Consejo Fiscal. Otra queja se refiere a modificaciones de leyes a través de enmiendas de los partidos del Gobierno a otras leyes que no guardan relación, lo que deja a la oposición al margen sin poder analizar los cambios ni proponer alternativas.
Así se introdujo el impuesto a grandes fortunas en la ley sobre la tasa a energéticas y banca, que si el TC lo acaba tumbando puede provocar la devolución de todo lo recaudado, y fue también el caso del intento de reforma de las leyes del TC y del Poder Judicial para desbloquear el órgano de garantías, que al final fue frenado por el Tribunal en una decisión sin precedentes que ocasionó un choque institucional con las Cortes.
Y a todo ello el PP añade sus reproches por ausencias de ministros en sesiones de control y la larga lista de comparecencias pendientes en las distintas comisiones del Congreso; sólo el PP tiene 927 peticiones de comparecencia esperando fecha, algunas de ellas presentadas en otoño de 2020.