La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado este lunes que el Gobierno está dispuesto a acudir ante la Justicia si la Junta de Castilla y León aplica el protocolo para mujeres embarazadas encaminado a reducir las interrupciones voluntarias del embarazo, y ha subrayado que esas medidas, ya sean obligatorias o recomendaciones, «contravienen la legalidad vigente». «Llegaremos a todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone al alcance para la defensa de la legalidad», ha dicho la ministra en una entrevista en la cadena Ser, en la que ha afirmado que el Gobierno «no permitirá un paso atrás en los derechos de las mujeres», y ha advertido a la Junta de Castilla y León que no puede ofrecer pruebas complementarias «porque lo que están incentivando es la proculpa de las mujeres» y eso -ha dicho- «no cabe en la ley y la Junta no tiene ámbito competencial para hacerlo».
Darias también se ha referido al «elocuente» silencio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre este asunto. «Es evidente que no está cómodo y que se siente mal», ha dicho la ministra, que ha instado a Feijóo a «poner fin a esta tropelía que lo que hace es insistir en la culpabilización de la mujer a la hora de decidir su maternidad, algo que este país ha dejado atrás después de mucho sufrimiento».
Este domingo, el Gobierno realizó un requerimiento a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnera la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria y le advierte de su disposición a más acciones legales.
Entre las medidas que contempla el protocolo castellanoleonés figura derivar a Salud Mental a las mujeres «que lo requieran», una cuarta ecografía en el primer trimestre para que los progenitores puedan escuchar el latido fetal y una ecografía en 4D antes de interrumpirlo. Estos son los tres principales servicios que ofertará la Junta a las mujeres embarazadas, incluidas las que han manifestado la voluntad de abortar.
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