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Tensión en el Gobierno en torno a la Ley Trans

Las dos medidas estrellas del Ministerio de Igualdad tienen una sombra muy larga que les cubre bajo un paralelismo lleno de incertidumbres judiciales

El Ajuntament cuelga la bandera Trans para apoyar al colectivo | R.L.

| Palma |

El caos político desatado a raíz de los más de 400 agresores sexuales que han visto su rebajada de condena y con alguna excarcelación, el Ministerio de Igualdad presidido por Irene Montero pone sobre la mesa del Senado una nueva ley. Esta vez, la Ley Trans, que vuelve a ser una medida creada bajo el egocentrismo político y alejada de las recomendaciones legislativas, se pone en el punto de mira del feminismo clásico y de la oposición, que ven ciertos paralelismos entre ambas.

En este caso, la polémica acontecida a través de la ley Trans se centra en las edades que un menor puede autodeterminar su género. «Las consecuencias pueden ser peores», sobre todo para la protección de los menores de edad. Esta ley se pone sobre la mesa del Senado, que la aprobará con dos modificaciones de los término «procedimientos» por «procesos» y se borra «la violencia intragénero». Estas dos modificaciones obligan a que tenga que volver al Congreso en busca de la aprobación definitiva del Pacto.

Si la ley del solo sí es sí generó controversia entre socios de Gobierno, esta nueva ley ha aumentado aún más la tensión, llegando al punto de que la mayoría socialista propuso diversas enmiendas para modificar la edad en la que se otorga la autodeterminación. A pesar que desde el PSOE siguen alertando de las consecuencias que puede tener. De hecho, figuras como Carmen Calvo atizó fuertemente a la ley y las tensiones con Podemos aumentando alegando la «inconstitucionalidad» de la misma. Desde el Gobierno alegan la falta de «madurez» que reclama el Constitucional para avalar la transición sexual. Por ello, piden endurecer los requisitos por debajo los 16 años.

Sin embargo, y a pesar de los informes críticos del Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, Igualdad ha decidido hacer oídos sordos a la mayoría de estas recomendaciones de expertos legislativos. Irene Montero sigue en su clara idea de sacar adelante su segunda medida estrella y afirma que «los derechos trans son derechos humanos» y asegura que «no necesitan tutelas y testigos para elegir su género». Sin importar el rango de edad. Inmersos en este contexto polémico, Montero se aleja de la vertiente que augura efectos negativos de la Ley Trans por aprobar el cambio de sexo en el Registro Civil. Defiende que no es necesario presentar un informe psicológico o médico para acreditar la disforia de género o dos años de hormonación.

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