ERC y EH Bildu, socios parlamentarios del Gobierno, han registrado este jueves una veintena de enmiendas a la reforma socialista de la ley del 'solo sí es sí', entre las cuales proponen una nueva definición del concepto de consentimiento y rechazan regresar parcialmente al Código Penal anterior como sugiere el PSOE. Para estos grupos independentistas, volver a introducir la violencia y la intimidación como subtipos para elevar las penas implica "afirmar que hay violaciones no violentas", y proponen añadir esos dos supuestos a la lista de agravantes que ya contempla la ley.
En una de sus enmiendas conjuntas, a las que ha tenido acceso 20minutos, los grupos plantean modificar el artículo 178 de la norma, en el que se define que solo puede entenderse que hay consentimiento "cuando se haya manifestado libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona", y añaden un apunte: "No se deducirá que hay consentimiento por la ausencia de resistencia física o el silencio de la víctima, ni por su conducta sexual previa". Es decir, que si la víctima no se resistió, no gritó, o tenía una vida sexual activa antes de los hechos, tampoco se podrá dar a entender que la relación fue consentida.
Los grupos alegan que esta precisión "tendría más incidencia en el aspecto probatorio que determina la impunidad de muchos procedimientos" y que permitiría "alinearse con los estándares internacionales", puesto que consideran que el redactado actual "sigue cargando el peso en a actuación negativa de la mujer". Una postura que va en línea con lo sostenido por el Ministerio de Igualdad en los últimos meses, en los que vienen rechazando tener en cuenta la violencia y la intimidación para elevar condenas, por considerar que ello supondría un "calvario probatorio" para las víctimas, que tendrían que demostrar "si se resistieron" o "si cerraron bien las piernas".
Todas las violaciones son violentas
En ese sentido va otra de las enmiendas. ERC y EH Bildu quieren eliminar el apartado de la reforma del PSOE en el que se propone volver parcialmente al Código Penal anterior, por el cual se añade un subtipo agravado de violencia o intimidación para condenar a penas de hasta dos años más de prisión. La reincorporación de estos subtipos agravados, sostienen, "desplaza el consentimiento como el elemento definidor entre una relación sexual consentida y una agresión sexual", lo que, a su juicio, supone "negar que la violación ya es per sé una forma de violencia" y "afirmar que hay violaciones no violentas".
De este modo, explican que la gravedad de la agresión y la violencia sí que se pueda medir, pero permaneciendo como un agravante, definido en el artículo 180.1 de la ley. Sugieren, así, "mantener el redactado del texto actualmente vigente" y añadir la violencia y la intimidación al resto de agravantes que ya reconoce la norma (sumisión química, manadas, violaciones cometidas por parejas, uso de armas, etc.).
Nuevos agravantes
Modifican, además, el agravante que contempla penas más altas para cuando el agresor se haya aprovechado de una situación de "convivencia" o de "parentesco", para añadir también aquellos casos en los que este sea una persona "allegada" a la víctima.
Y añaden dos más: un octavo agravante, para cuando el delito lo cometa un funcionario público; y otro, para cuando el agresor u otra persona haya registrado o grabado la agresión en cualquier dispositivo tecnológico. Los grupos justifican este agravamiento, no solo por el "sufrimiento" y la "humillación" añadidas que sufre la víctima, sino por la "potencialidad dañosa" que ello implica y la "afectación psíquica" de este "miedo añadido".
Crear un "sistema de alertas"
Otra de las propuestas que hacen ERC y Bildu contempla la creación de un "sistema de alertas" para detectar datos e informaciones falsas. "Cada vez es mayor la difusión de noticias falsas como forma de socavar la legitimidad de la lucha contra las violencias sexuales y por la igualdad", denuncian los grupos.
Modifican, de hecho, otro punto del mismo artículo relativo a las medidas de prevención en el ámbito digital, para fijar la obligación de los medios de comunicación, públicos y privados, de "velar" por la protección del derecho a la intimidad y el honor de las víctimas y sus familiares. El texto pretende evitar que los medios difundan detalles personales o incluso pruebas que estén bajo secreto de sumario, algo que podría acarrear "consecuencias penales o administrativas". "Se presenta esta enmienda como medida de contención al ánimo lucrativo y morboso de los medios", defienden.
Sensibilización en las prisiones
En una de las enmiendas, ambos grupos sugieren reforzar la prevención y la sensibilización en las prisiones con iniciativas educativas y marcando "categorías de agresores sexuales" para atender los factores de riesgo. Pretenden con ello "trabajar de manera más intensiva con aquellas personas que presentan un nivel más elevado de reincidencia" y "diseñar las intervenciones en función de las necesidades criminógenas".
Relaciones entre profesores y alumnos
En cuanto a la detección y respuesta en el ámbito educativo, hay una enmienda que añade un párrafo para indicar cómo actuar en caso de que un docente e investigador mantenga una relación "consentida y de mutuo acuerdo de carácter romántico o sexual" con un estudiante a quien esté dando clase, supervisando una investigación o siendo su tutor.
Para esos supuestos, "se tendrá que proceder a una reorganización de la actividad docente, de supervisión o de tutoría" para evitar cualquier abuso de poder o conflictos de interés. "Debido a la desigualdad de poder inherente a esta relación, es preciso asegurar que el personal académico no pueda supervisar, evaluar o tutorizar al o la estudiante con quién mantenga una relación romántica o sexual", argumenta el documento.
Se desmarcan de Unidas Podemos
Ambos grupos votaron en contra de la proposición de ley en el primer examen parlamentario que tuvo que superar la iniciativa del PSOE el pasado 7 de marzo. Tanto Bildu como ERC afearon entonces al Ejecutivo no haber sido capaz de presentar una solución consensuada y unitaria ante las rebajas de condenas que han dictado los tribunales desde que entró en vigor la norma. La parte socialista del Gobierno decidió registrar esta reforma, redactada por el Ministerio de Justicia, de forma unilateral y sin el beneplácito del departamento que impulsó la norma, el Ministerio de Igualdad (de Unidas Podemos), y su contenido fue, está siendo y previsiblemente será fruto de roces entre los grupos parlamentarios.
Los republicanos fueron contundentes: sin el ministerio encabezado por Irene Montero "no tiene sentido" aprobar ninguna modificación de la ley del 'solo sí es sí'. "Que no cuenten con nosotros", espetó el portavoz Gabriel Rufián en sede parlamentaria. También los de Bildu apelaron al diálogo entre los socios de la coalición y admitieron que la ley sí que necesitaba algunos "retoques técnicos", aunque desde el primer momento dejaron claro que en ningún caso permitirían volver al Código Penal anterior.
Con todo, las más de veinte enmiendas registradas por los dos grupos no han sido negociadas con Unidas Podemos, de quienes se desmarcan por el momento a la hora de presentar sus modificaciones. Fuentes del grupo republicano explican a este diario que sí que ha habido conversaciones con los morados, pero que no han pactado ninguna enmienda conjunta con ellos.
Quedan todavía unos días para conocer si finalmente los dos grupos que componen el Gobierno decidirán presentar, o no, enmiendas a la reforma que se impulsó para frenar los "efectos indeseados" de una ley que ha beneficiado ya a más de 800 agresores sexuales. Por ahora, no han logrado encontrar un punto de encuentro sobre cómo debe hacerse, ni tampoco desvelan si están buscando apoyo en otros grupos para modificar la norma según sus convicciones. La última prórroga del plazo de enmiendas vence el próximo lunes, 10 de abril. Ahí se reactivará la tramitación de la ley, con la vista puesta en que la reforma pueda quedar aprobada antes de mayo.