Izquierda Unida en el Parlamento Europeo ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea (CE) por la situación del Parque Nacional de Doñana y le ha pedido que proteja esa zona del «atentado medioambiental que pretende aprobar la Junta de Andalucía», informó este miércoles ese partido en un comunicado. La eurodiputada y portavoz federal de Izquierda Unida, Sira Rego, presentó el martes la denuncia, que insta al Ejecutivo comunitario a intervenir para evitar el «perjuicio drástico e irreversible» que sufrirá Doñana si se aprueba la propuesta de la Junta de Andalucía para «afianzar los regadíos ilegales».
El Parlamento andaluz comienza a debatir este miércoles la proposición de Ley del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «para regularizar los cultivos de regadío ilegales en el entorno del Parque Nacional, pese a las advertencias del Ejecutivo comunitario de emprender acciones legales», indica la misma nota.
«Las evidencias científicas, la sequía y las amenazas de sanción por parte de Bruselas no parecen bastar para que el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla paralice una proposición de ley que pretende regularizar los pozos de regadío ilegales en el entorno de Doñana. Por eso hemos recurrido a este mecanismo, esperando que el Ejecutivo comunitario intervenga de inmediato», explicó Rego. La denuncia, presentada a través de un portal de la Comisión Europea en su página web, ha sido elaborada conjuntamente entre los equipos de Izquierda Unida Andalucía y Bruselas y solicita, entre otras cosas, la puesta en marcha de medidas cautelares que impidan la aplicación de la ley de Moreno Bonilla.
También aboga por «una investigación exhaustiva sobre el impacto del Plan de Regadíos y el despliegue de todas las acciones que sean necesarias para frenar la constante vulneración de legislación comunitaria en la zona». La Comisión Europea dijo a mediados de febrero que está dispuesta a utilizar «rápidamente todos los medios disponibles» para garantizar la ejecución de una sentencia de la Justicia europea que condenó a España en 2021 por no proteger los humedales de Doñana, unos de los «más destacados» de Europa.
«Estamos profundamente preocupados por los recientes planes que se sumarían a los insostenibles niveles de extracción de agua que ya han provocado una importante disminución de los niveles piezométricos de sectores específicos de las masas de agua subterránea de Doñana», dijo entonces el portavoz sobre asuntos de medioambiente del Ejecutivo comunitario, Adalbert Jahnz. Jahnz recordó que la directora general de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, Florika Fink-Hooijer, envió poco antes una carta a las autoridades españolas para transmitirles estas preocupaciones e instarlas a aplicar cuanto antes las medidas necesarias para hacer cumplir la sentencia del TJUE.
En caso contrario, la Comisión «está dispuesta a utilizar rápidamente todos los medios disponibles como guardiana de los Tratados para garantizar la ejecución de dicha sentencia», advirtió entonces el portavoz. Rego dijo que esas eventuales sanciones «se dirigirían contra el Estado, no contra la Junta de Andalucía, por eso Moreno Bonilla cree que esto le sale gratis». Añadió que espera que el PP «paralice de una vez por todas la reforma y deje de jugar con el medioambiente y con el dinero de todos los españoles, como está tan acostumbrado a hacer».