Alcanzado el consenso son sus socios de gobierno para llevar al pleno de este jueves el proyecto de ley de vivienda, el grupo socialista mantiene viva en otro proyecto de ley la enmienda que registró en septiembre para desalojar a okupas en un plazo máximo de 48, confirman a EFE fuentes parlamentarias.
Los socialistas eligieron para presentarla el proyecto de ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, una de las leyes estrellas del departamento que dirige Pilar Llop y cuya tramitación está paralizada en el Congreso desde diciembre. Tras conocer la enmienda, Unidas Podemos no tardó en mostrar su rechazo, advirtiendo al PSOE que estaba «fuera de lugar» y que suponía asumir «la agenda de la derecha».
La tramitación quedó en suspenso porque los socialistas no querían interferir en las negociaciones en marcha con Unidas Podemos para desatascar la ley de vivienda. Cerrado ese acuerdo, apuntan las fuentes consultadas, se trabaja en la enmienda contra la okupación y se negocia también el proyecto con los grupos catalanes, que rechazan uno de los ejes de la iniciativa: la desaparición de los juzgados de paz. Los socialistas creen que han cumplido con una ley de vivienda «de altura», que protege a los ciudadanos vulnerables, y subrayan que su enmienda aborda «un tema diferente, que es la okupación delincuencial».
La enmienda del grupo socialista, similar a otra que registró el PDeCAT, plantea que en los procesos de allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles, el juez pueda acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición del dueño de la vivienda o desde la remisión del atestado policial, sin necesidad de prestar caución, si los ocupantes no muestran un título jurídico que legitime su permanencia en ella.
Si hay personas en riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad o una situación de riesgo para un menor, añaden, el juez lo comunicará inmediatamente a los servicios sociales y a la fiscalía para que se adopten las medidas de protección necesarias. Los socialistas argumentaron al registrar su propuesta que era necesario acordar la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble cuando se aprecien «sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación» y se verifique la «existencia de efectos perjudiciales para el legítimo poseedor».
Según explicaban, aunque la mayoría de los juzgados entienden que se puede acordar cautelarmente un desalojo con la actual ley de enjuiciamiento criminal, algunos jueces no considera que un retraso en esa medida genere un grave perjuicio. La enmienda, señalaban, reconoce la posibilidad de acordar como medida cautelar penal el desalojo tras ponderar la proporcionalidad de la medida y la gravedad de los hechos investigados.
Precisamente, el diputado del PDeCAT, Genís Boadella, ha reafirmado este martes el compromiso de su formación con la lucha contra las okupaciones y ha asegurado que mientras no se «corrija» ese asunto y se aborden «con rigor» los cambios legislativos necesarios para encontrar soluciones, la ultraderecha continuará teniendo discurso para abordarlo de la manera más burda". Lo que no hará el PDeCAT es apoyar la proposición de ley que esta misma tarde se debatirá en el pleno del Congreso a propuesta de Vox, ha afirmado.