La Comisión Europea ha advertido de que la proposición de ley de la Junta de Andalucía para regularizar regadíos en Doñana a través de una futurible e hipotética agua superficial puede «deteriorar» el humedal del sur de la Península, uno de los más vulnerables y de mayor valor ecológico de todo el continente. Ese punto, según el ejecutivo comunitario, «parece ir en dirección contraria» a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TJUE) que obliga a protegerlo. En caso de persistir en esta dirección, el Gobierno central ha puesto sobre la mesa las posibles responsabilidades en forma de multas que todo el Estado debería afrontar, no solo el gobierno o el parlamento autonómico responsable de este nuevo texto legal.
La Comisión emitió un comunicado tras la visita del consejero andaluz del ramo a Bruselas. En esa notificación pública ha señalado también que las medidas adoptadas hasta ahora por España para garantizar el cumplimiento de la sentencia proteccionista sobre Doñana «no son suficientes, incluso sin contar con el probable impacto negativo de la legislación propuesta». Así lo ha indicado un portavoz del Ejecutivo comunitario tras la reunión que el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha mantenido con el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco.
El encuentro, inicialmente previsto para el 3 de mayo, se adelantó después de que la cuestión adquiriera importancia a nivel nacional, e incluso en el ámbito europeo. De este modo, el propio comisario advirtió en respuesta parlamentaria a eurodiputados socialistas de que utilizará «todos los medios a su alcance» para garantizar que España cumpla «efectivamente y sin demora» la sentencia del TJUE.
El comisario ha insistido en que el Ejecutivo comunitario está «profundamente preocupado» por el hecho de que la legislación andaluza propuesta, si se adopta tal como se ha anunciado, podría «deteriorar» el humedal protegido de Doñana, uno de los mayores de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000, al tiempo que la aplicación «plena y oportuna» de las sentencias del TJUE se mantiene como una «prioridad». Por su parte, el gobierno presidido por Juanma Moreno (PP) y su grupo parlamentario sostienen que la regularización de regadíos hasta ahora ilegales no pone el peligro el presente y el futuro del acuífero de Doñana.
La razón es que para esos regantes el proyecto de ley que actualmente cuenta con el apoyo de los populares y de Vox prevé que se destinen caudales de agua en superficie; por otra parte caudales inciertos en el actual contexto de pertinaz sequía y de avance de la desertización como consecuencia del cambio climático.
En este sentido el comisario dijo ser consciente de la importancia del regadío para la economía local, aunque ha recordado que la legislación de la UE exige un uso sostenible del agua y la conservación de los espacios protegidos, especialmente ante el episodio de sequía que sufre nuestro país, lo que según ha alertado propicia un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea. Ello, a su vez, puede tener efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, que es uno de los «puntos calientes» de biodiversidad de la UE.
Bruselas ha subrayado que existen pruebas fehacientes de que la agricultura intensiva y los complejos turísticos cercanos están relacionados con la reducción de las balsas en toda Doñana, lo que demuestra que los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son «insostenibles» y requieren medidas «urgentes» para controlar las extracciones.
En este sentido, las mismas fuentes comunitarias han afirmado que el proyecto de ley propuesto crea un marco jurídico «favorable» para el reconocimiento de derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales que se sumarían a la «presión excesiva» sobre las ya sobreexplotadas masas de agua subterránea. Por último, Sinkevicius ha avanzado que ahora la Comisión evaluará «detenidamente» las aclaraciones facilitadas en las cartas del Gobierno español y de la Junta de Andalucía el pasado viernes.