El 28 de mayo los españoles decidirán quienes ostentan las alcaldías de sus 8.131 ayuntamientos y en esa elección pesará la gestión de las cuentas y la calidad de los servicios ofrecidos durante este mandato, pero ¿de dónde obtienen las corporaciones municipales sus recursos?. En un 60% los ayuntamientos se financian de tributos propios que son aquellos que recaudan y generan por sí mismos.
El grueso de esa recaudación proviene del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana, que supone dos tercios de la recaudación impositiva. Los ayuntamientos también obtienen ingresos, en menor medida, de bienes inmuebles de características especiales y del IBI rústico; del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), del impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y de las tasas, por ejemplo, las que pagan los bares por una terraza en la calle o por un servicio que ofrece la administración.
Además son ingresos propios los que proceden de la explotación del patrimonio, arrendamientos de locales y edificios públicos, rendimientos financieros, donaciones, sanciones y multas y precios públicos por servicios prestados. Estos últimos no son de naturaleza tributaria sino de carácter voluntario ya que se paga por un servicio que también da el sector privado, por ejemplo el uso de una piscina municipal. Otra línea financiera es la participación en los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas.
Las transferencias del Estado pueden ser incondicionales o condicionadas a proyectos concretos, esto último se da más en las autonomías que corren con la construcción, por ejemplo, de una depuradora o un centro de salud. Para la participación en los ingresos del Estado hay dos modelos, el que afecta a las grandes ciudades (más de 75.000 habitantes, capitales de provincia y de comunidad autónoma aunque no lleguen a esa población) y resto de municipios.
En el caso de grandes ciudades, las transferencias del Estado suponen una participación en la recaudación del IRPF, IVA e impuestos especiales y para municipios con menos de 75.000 habitantes, esa transferencia está vinculada a su población y al esfuerzo fiscal. Este modelo lleva más de dos décadas sin actualizarse por lo que los ayuntamientos reivindican históricamente una puesta a punto por las inequidades que genera y para dar servicios de calidad que, en el caso de ayuntamientos pequeños son básicos como el suministro de agua, la recogida de basuras, caminos o la organización viaria.
Es a partir de los 50.000 habitantes cuando las competencias se hacen mas fuertes: medioambiente, patrimonio, protección civil o transporte urbano, a lo que se suma el mantenimiento de centros escolares y los servicios sociales. Y es precisamente por asumir estas «competencias impropias» y mantenerlas en el tiempo, es por lo que demandan un nuevo sistema que acabe con su infrafinanciación.