La ministra española de Justicia, Pilar Llop, alertó este viernes de los «retrocesos» que, según ella, ha habido en materia de lucha contra la violencia de género en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha, y manifestó que esta es una situación que le «preocupa muchísimo». «En España estamos viendo cómo hay algunas comunidades autónomas donde, siendo gestionadas por sensibilidades de derecha, incluso de extrema derecha, como por ejemplo en Castilla y León, se han sufrido retrocesos en el ámbito de la violencia de género», aseveró Llop en Luxemburgo, al llegar al encuentro de ministros de Justicia de los Veintisiete, reunidos en el Consejo de la UE.
La titular española avisó de las «peligrosas corrientes» que, según ella, en varios países del mundo «pretenden retroceder en materia de derechos humanos y libertades fundamentales», y por ello pidió una Unión Europea (UE) basada en «los valores de igualdad, democracia, justicia y libertad». En este sentido, Llop defendió la necesidad de sacar adelante la primera Directiva europea de lucha contra la violencia de género, presentada en 2022 por la Comisión Europea, con el objetivo de garantizar a las mujeres de todos los Estados de la UE un mínimo nivel común de protección contra la violencia machista.
Esta propuesta de Directiva va a permitir, según Llop, «que no se retroceda de ninguna manera» en los Veintisiete en un momento en el que, según dijo, aparecen «contextos muy peligrosos en el ámbito de la política».
En la reunión de hoy, los ministros de Justicia de los Veintisiete están llamados a alcanzar un acuerdo que fije la posición del Consejo de la UE (el organismo que representa a los gobiernos de cada país) sobre esta propuesta de Directiva, antes de empezarla a negociar con el Parlamento Europeo, en un diálogo del que saldrá el texto legislativo definitivo. Llop confió en que hoy mismo los Veintisiete alcancen un acuerdo sobre este proyecto de Directiva que, según dijo, debería ser adoptado de forma unánime porque, en su opinión, todos los países de la UE «deben ser conscientes de que se trata de una cuestión de pura democracia y de derechos humanos».
«Si en la agenda de las políticas de los países no está la violencia contra las mujeres, evidentemente será muy difícil que sigamos avanzando en la consolidación de nuestros Estados de Derecho y de nuestras democracias» señaló.
En su propuesta de Directiva, la Comisión Europea pretende que cualquier relación sexual no consentida sea considerada violación en todos los Estados miembros de la UE, sin la necesidad de que el agresor haya hecho uso previo de la fuerza o haya amenazado con él, algo que exigen muchos países del club comunitario. Bruselas también pretende convertir en un delito común europeo el ciberacoso, la mutilación genital femenina o la incitación a la violencia machista a través de Internet, y unificar tanto sus definiciones como sus penas mínimas en el conjunto de países de la Unión Europea.